–A concluir que no existen elementos probatorios de que el alcalde Gustavo Petro incurrió en algun delito por el cambio de esquema de aseo en la capital de la República, la Fiscalía archivó a su favor la investigación, que también cobijaba al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Diego Bravo.

Según el fallo de la fiscalía, Petro y Bravo “actuaron de acuerdo a la ley”, echando a bajo las acusaciones que le hicieron a los dos altos funcionarios Distritales el controvertido contratista Emilio Tapia y el abogado Manuel Sánchez, quienes ahora serán enjuiciados por falso testimonio.

También imputará cargos a la exdirectora de la UAESP, Nelly Mogollón y a Carlos Rojas exsubdirector de la oficina jurídica.

La Fiscalía confirmó en el siguiente comunicado la decisión y las causas que motivaron el archivo de la investigación:

En relación con las presuntas irregularidades en el llamado nuevo modelo de aseo de Bogotá y las fallas en este servicio durante el mes de diciembre de 2012, la Fiscalía General de la Nación informa a la opinión pública:

1. Frente a esta temática se recibieron 11 noticias criminales, las cuales se han resuelto mediante una investigación única.

2. Fruto de la misma investigación, se archivó el proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción, respecto del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego; Diego José Fernando Bravo Borda, exgerente de la EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá); así como de Henry Romero Trujillo, exdirector de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos).

Esta decisión se produce al concluir que no existen elementos para considerar la comisión de delitos en lo relacionado con otros hechos que fueron objeto de denuncia, tales como la celebración del contrato 017 entre la Uaesp y la EAB, la expedición del Decreto 564 de 2012, la importación de vehículos compactadores, y la autorización temporal para utilizar volquetas para la recolección de basuras.

Igualmente, se archivó la investigación frente al supuesto complot de operadores privados contra la Administración Distrital, y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de dichos operadores.

3. Como consecuencia de dicha labor investigativa se concluyó que existen elementos para formular imputación, por el delito de prevaricato por acción, en contra de funcionarios de la Administración Distrital, en particular de Nelly Mogollón Montañez, exdirectora de la Uaesp, al declarar la existencia de urgencia manifiesta mediante la Resolución No. 768 del 17 de diciembre de 2012 sin que existieran las condiciones de imprevisibilidad que la ley exige para ello. También, en contra de Carlos Rojas Rivera, subdirector de Asuntos Legales de la Uaesp, por las limitaciones impuestas al libre acceso al relleno sanitario Doña Juana. Los detalles de dicha actuación se conocerán en la respectiva audiencia de imputación, la cual se solicitará en los próximos días una vez se levante el paro judicial.

Según lo establecido, esas restricciones al libre acceso al relleno por parte de cualquier operador del servicio de aseo, explicaría el colapso que se dio en la prestación de este servicio público durante el mes de diciembre de 2012.

4. La Fiscalía compulsará copias para investigar penalmente por el delito de falso testimonio a Manuel Sánchez y Emilio Tapia, en virtud de las graves inconsistencias en que incurrieron en sus declaraciones juramentadas sobre el supuesto complot de operadores privados del servicio de aseo.

5. Asimismo, la Fiscalía determinó que la ausencia de recolección de basura en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, no generó contaminación ambiental en los términos que contempla el Código Penal.

6. Finalmente, respecto a los sobrecostos y otras posibles irregularidades en la adquisición de vehículos y su mantenimiento en la empresa Aguas de Bogotá, al evidenciarse que las actividades presuntamente irregulares se siguen presentando, se considera prudente disponer que continúen las investigaciones correspondientes.

ANTECEDENTES

Desde el principios del mes de diciembre pasado, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett había anunciado un pronunciamiento sobre la situación penal del alcalde por la implementación del nuevo esquema de aseo en la ciudad, en desarrollo de la investigación iniciada a la par con la de carácter disciplinario que emprendió entonces la Procuraduría General de la Nación.

Precisamente, Montealegre dijo entonces que se tendrían en cuenta “las pruebas recaudadas por la Procuraduría y que motivaron su destitución”.

En diciembre, el Fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, ordenó distintas labores dentro del caso, entre ellas inspecciones judiciales a organismos de control, regulación y vigilancia y entrevistas para determinar el presunto complot de los operadores privados del servicio de aseo.

También dispuso a entrevistar a Otti Patiño y Francisco Santos Calderón para verificar los detalles de la presunta reunión ocurrida meses atrás sobre la destitución e inhabilidad del Alcalde Gustavo Petro, en atención a las distintas denuncias presentadas en razón al fallo sancionatorio proferido contra el Alcalde por la Procuraduría General de la Nación.

El 12 de diciembre de 2013, Fiscal Montealegre se reunió con el alcalde Petro y al término del encuentro afirmó que habían quedado claras las razones por las cuales se cambió el sistema de recolección de basuras de la capital del país.

En ese sentido, Montealegre dijo que el mandatario capitalino le presentó con detalles los esquemas del nuevo sistema, el cual se basó en un fallo de las altas Cortes.

“(El Alcalde) Describió las circunstancias para cambiar el modelo de basuras y dijo que la decisión que se adoptó fue tras una tutela de la Corte Suprema”, expresó el jefe del ente investigador.

El Fiscal también señaló que el alcalde Petro se habría ceñido a dicho fallo para crear un modelo mixto en donde intervendría una empresa pública en la recolección de basuras, pero en el cual también entrarían a operar las empresas privadas.

Petro también consideró que no se habría violado el principio de capacidad técnica de la persona que prestará el servicio de aseo, debido a que en este caso la Empresa de Acueducto de Bogotá si tendría la capacidad y las condiciones técnicas para brindar el servicio.

Y aunque se habrían presentado diferentes inconvenientes con respecto al cambio de modelo, Montealegre dijo que según el Alcalde después de un año los resultados habrían sido satisfactorios.

“Se trata de una empresa que está produciendo resultados en términos de eficiencia, además que considera que las pruebas que él tiene a favor del cambio de modelo es que en algunos sectores ha bajado las tarifas. La empresa ha tenido utilidades pero también ha disminuido las tarifas para los usuarios”, precisó el Fiscal.

Ante estas declaraciones, Montealegre enfatizó que en el término de dos meses la Fiscalía dará respuesta al proceso penal que se sigue contra el mandatario capitalino con respecto al cambio de sistema de basuras.

En enero, el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett afirmó que para el caso que demanda la revocatoria del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, la Fiscalía reunificó todas las investigaciones que existen en su contra y que fueron asumidas por el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres.

“El señor alcalde de Bogotá será llamado nuevamente a interrogatorio con la finalidad de que amplié algunos puntos. La Fiscalía tiene algunas inquietudes sobre sus actuaciones y queremos que él nos explique ciertos temas sobre los cuales tenemos algunas dudas y en término de 15 días será llamado a una actuación de interrogatorio”, precisó en esa oportunidad.

Montealegre Lynett recordó que como Fiscal General de la Nación había hecho “una denuncia pública en el sentido que veía con mucha preocupación afirmaciones de algunos testigos muy importantes en el cartel de la contratación que lo querían era sembrar una duda con la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de obstaculizar los procesos”.

El Fiscal agregó: “Categóricamente dije que si habían algunas expresiones de algún testigo de comportamientos indebidos de la Fiscalía, tenían que ir a declarar bajo la gravedad de juramento y asumir todas las responsabilidades por falsas informaciones”.

Pasados, casi once meses, la fiscalía confirma estos hechos y decide archivar la investigación contra el alcalde Petro y el exgerente Bravo.