Por Mauricio Botero Caicedo
A prohibir los Uber, el Ministerio de Transporte ha decidido arrodillarse ante el gremio de los taxistas. Y para justificar la pusilanimidad de sus actuaciones ha sacado un comunicado – florido y legalista – en el que pretende arropar su vergonzosa decisión bajo un manto de ecuanimidad que supuestamente lo que busca es proteger al usuario. El comunicado es el siguiente:

“En este sentido, la empresa que desarrolle una plataforma tecnológica como herramienta para que los usuarios accedan de manera más fácil al servicio de transporte, tienen la obligación de atender el marco normativo que regula cada modalidad de servicio específico.
“Para que una empresa de transporte pueda utilizar una plataforma tecnológica en la prestación del servicio público, debe estar previamente habilitada por la autoridad competente de acuerdo con la modalidad para la cual se ha constituido”, indicó el ministerio.
De igual manera, los vehículos deben estar autorizados para cada modalidad y sus conductores legalmente vinculados a las empresas habilitadas.
“La contratación y operación de los vehículos vinculados al servicio público de transporte, es responsabilidad directa de la empresa legalmente constituida y habilitada, por esta razón dicha responsabilidad no puede ser cedida a un tercero a través de la utilización de plataformas tecnológicas”, indicó.”

Lo que el Ministerio de Transporte se abstiene de contar es que la mayor violación que se puede cometer es negarle al consumidor el derecho de escoger el tipo de trasporte que le venga en gana. Hasta la fecha no se conoce un solo caso en que en un Uber hayan llevado a un pasajero a un ‘paseo millonario’. Tampoco que un Uber se haya negado a llevar a los usuarios a su destino. Los Uber adicionalmente tienen una tarifa establecida y el conductor no pretende estafar al usuario clavándole una tarifa arbitraria y abusiva. Los vehículos de Uber son limpios y están en perfecto estado de mantenimiento. Finalmente en caso de accidentes no se juntan los Uber a hostigar al vehículo que se accidentó. Basta ya del monopolio de los taxis amarillos¡

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Por otra parte, la prensa anuncia que el costo de los trancones para el país es la astronómica suma de $10.685 millones de pesos por día. Sin embargo, las autoridades de tránsito a nivel nacional, departamental, y distrital insisten en aplicar, por insignificante o nimio que sea un accidente, un procedimiento ‘bárbaro’ que es el ‘croquis’. Un ‘Policía de Tránsito’ dura por lo menos 20 minutos haciendo un ‘croquis’, creando de paso monumentales trancones que afectan de manera grave la sociedad, tanto en costos directos como tiempo y gasolina, y en indirectos como la contaminación.

En todo país civilizado, los carros accidentados se tienen que orillar de inmediato, y punto. Con las cámaras celulares, los policías pueden tomar fotos que a su vez expertos las utilicen para reconstruir los accidentes. Pero no podemos seguir con la sandez de crear enormes trancones por el prurito de utilizar métodos mandados a recoger como es el ‘croquis’.