La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la prórroga a la Ley de orden público que permitirá dar continuidad a los diálogos de paz de la Habana, como marco legal para adelantar los procesos de desmovilizaciones ante una eventual firma de paz. Por cuatro años más la norma estará vigente, atendiendo el llamado del Gobierno Nacional, proponente de la iniciativa.
El Ministro explicó que desde hace 16 años la ley 418 se ha prorrogado cada cuatro años y resaltó que es una herramienta para «persistir en la búsqueda de una salida negociada al conflicto con las Farc y otras organizaciones armadas al margen de la ley».
Por cuatro años más, Ley 418, estará vigente y permitirá continuar con una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley.
El jefe de la cartera política, aseguró que la Ley, brindará instrumentos para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la preservación del orden público, puesto que permite financiar estaciones de Policía, cámaras de seguridad, Centros de Convivencia, «obras que de carecer este marco jurídico desaparecerían del ordenamiento legal vigente”.
La vigencia de esta ley también ha permitido la creación de los instrumentos necesarios para avanzar en la búsqueda de la convivencia ciudadana, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, en especial en los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, creación de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON del Ministerio del Interior.
Otros programas que se derivan de la Ley son el programa de protección a testigos de la Fiscalía y el programa de protección a civiles amenazados, como marco general para la creación de la Unidad Nacional de Protección.
Así mismo, regula la competencia y aplicación a nivel territorial del Sistema de Alertas Tempranas desde el Ministerio del Interior para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que la modificación de la actual ley de orden público, que fue aprobada por el congreso, brindará seguridad jurídica a la investigación en curso contra Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz del gobierno Uribe.
“La ley vigente hoy, que será prorrogada, establece esa seguridad jurídica frente investigaciones penales como fue el caso de Luis Carlos Restrepo” informó el ministro.
Señaló que “en la actual ley hay una especie de seguridad jurídica desde el punto de vista de investigaciones penales” que cobija a plenipotenciarios del Gobierno que han estado vinculados en diálogos con ejércitos irregulares.
La modificación en la ley de orden público blinda a quienes enfrentan procesos disciplinarios, aclaró Cristo.
El Ministro explicó que desde hace 16 años la ley 418 se ha prorrogado cada cuatro años pero “no significa que el proceso de paz se vaya a alargar ese tiempo” y argumentó que “también serviría para los diálogos con el ELN”.
El Ministro aseguró que la ley de orden público “es una herramienta para financiar estaciones de Policía, cámaras de seguridad, Centros de Convivencia, obras que de carecer este marco jurídico desaparecerían del ordenamiento legal vigente”.
Esta Ley establece los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y brinda instrumentos para el fortalecimiento de la seguridad.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la prórroga de la ley de orden público, como marco legal para adelantar los procesos de desmovilizaciones ante una eventual firma de paz.
