–La Defensoría del Pueblo lanzó la campaña “Uso preventivo de la pólvora por los Derechos Humanos”, bajo el slogan “Esta Navidad no queme la alegría”, con el fin de sumarse a los esfuerzos que en materia de prevención promueve el Gobierno Nacional para reducir el número de quemados y evitar las tragedias por la manipulación de artefactos pirotécnico, como la ocurrida en las últimas horas en el sector de Altos de la Florida, en el municipio de Soacha, donde cuatro personas resultaron quemadas y 10 viviendas tuvieron que ser evacuadas por la explosión de una fábrica de juego pirotécnicos.

La Defensoria advirtió que de las 891 personas afectadas durante la última temporada de fin de año, 256 sufrieron laceraciones, 154 presentaron contusiones, 63 tuvieron que ser amputadas, 46 padecieron daño auditivo y 26 consecuencias letales en la visión.

Cabe anotar que entre diciembre de 2013 y enero de este año, 113 niños, niñas y adolescentes tuvieron que ser hospitalizados en virtud de las graves lesiones que les produjo la manipulación y exposición directa a la pólvora.

Los órganos más afectados por la manipulación indebida de juegos pirotécnicos fueron los dedos de la mano con 271 casos, las manos con 168, la cara con 80 registros, los ojos con 68 reportes y las extremidades con 128 novedades en la estadística general.

Ante este panorama y los antecedentes que ya existen este año, como la explosión de una polvorería en Cali que dejó un muerto y tres heridos, el reporte de las autoridades en Antioquia que da cuenta de 14 quemados incluidos 8 niños, y el estallido reciente en Soacha, la Defensoría del Pueblo insiste en su llamado a las autoridades y a los ciudadanos para que se acaten las recomendaciones respecto al riesgo que implica el uso inapropiado de estos elementos, y para que se adopten las medidas de prevención y control correspondientes.

La Defensoría recuerda que dentro de las sanciones contempladas en la legislación se encuentra la multa hasta por 5 salarios mínimos para los padres irresponsables y hasta por 20 salarios mínimos sin prejuicio del cierre del establecimiento o a la suspensión de la licencia, para los expendedores. Dentro de la ruta para el restablecimiento de derechos están las amonestaciones con asistencia obligatoria a cursos pedagógicos, el retiro de los niños en riesgo y su ubicación en programas de atención especializada, y de ser necesario la pérdida de la patria potestad.