–Debido a que el actual concesionario fue objeto de una extinción de dominio por presunto lavado de activos o blanqueo de capitales provenientes del paramilitarismo, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Gobernación del Magdalena revisar la situación del contrato del chance para garantizar recursos a la salud del departamento
El objetivo de la la solicitud es la empresa APOSMAR S.A. y el ministerio público la formuló al señalar que el proceso de licitación para contratar la concesión para la explotación del juego de apuestas permanente en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta no se hizo bajo el control de la Procuraduría.
Al efecto, el organismo de control señala ha venido realizando acompañamiento a diferentes procesos de selección de los operadores del juego de apuestas permanentes o “chance” que adelantan las gobernaciones.
Sin embargo –añade– es preciso aclarar que el proceso de licitación pública LP-DM-05-2012, cuyo objeto fue “contratar la concesión para la explotación y operación del juego de apuestas permanentes en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, desde el primero de marzo de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2018”, adelantado por la Gobernación de dicho departamento, no fue objeto de acompañamiento por parte de este ente de control.
Y subraya: Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mes de junio del año en curso la Fiscalía realizó un operativo de extinción de dominio a varias empresas en la Costa Atlántica, por presunto ‘lavado’ de activos o blanqueo de capitales provenientes del paramilitarismo, dentro de las cuales se encuentra el actual concesionario del “chance” en el Magdalena, el Ministerio Público, en aras de garantizar el interés general y social y los recursos derivados del arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud del mencionado departamento, solicitó a la Secretaría del Interior revisar la situación particular del contrato de concesión suscrito con la empresa APOSMAR S. A., con el fin de que evaluara si se configuró o no alguna causal de terminación unilateral del mismo, y de ser así, qué acciones se han tomado para garantizar la total y tranquila ejecución del contrato, sin perjudicar el ingreso de los recursos a la salud.
La Gobernación del Magdalena, mediante resolución administrativa, inició un procedimiento para determinar la situación fáctica y jurídica del contrato de concesión vigente. A la fecha, la Procuraduría se encuentra a la espera que le sea comunicada la decisión tomada por la entidad territorial, concluye el reporte del ministerio público..
