Un juez de la URI La Granja de Bogotá, cobijó este viernes con medida de aseguramiento al sub intendente Buenaventura Orobio Caicedo, por su presunta responsabilidad en la filtración de información al frente 29 de las Farc, para permitir el ataque al puesto policial de la Isla Gorgona, el 22 de noviembre pasado.

De acuerdo con la decisión del juzgador, el subintendente Caicedo será enviado en las próximas horas a la cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo y rebelión.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscal 19 de la unidad especializada contra el terrorismo, aseguró que “Orobio Caicedo contribuyó de manera eficaz en la muerte del Teniente John Álvaro Suárez, víctima mortal del ataque a la Isla, en el que también resultaron heridos dos patrulleros”.

La delegada del ente acusador agregó que el uniformado “mantenía constante comunicación con integrantes del grupo subversivo, identificados como alias ‘Tocayo’ y alias ‘Tío’, quienes dirigieron el ataque terrorista contra la estación de policía en la Isla Gorgona”.

Sostuvo, además, que durante la acción terrorista “fueron utilizadas armas de largo alcance, granadas, morteros, tatucos y granadas de fragmentación de uso privativo de las fuerzas militares”.

La fiscal afirmó que los guerrilleros “ingresaron a la isla Gorgona en horas de la madrugada con lanchas rápidas, con base en datos que fueron entregados por chat, internet y celular a los cabecillas de la organización guerrillera por parte del subintendente de la policía”.

Con estas pruebas, la Fiscalía le imputó cargos al subintendente Buenaventura Orobio Caicedo, por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir en grado de coautor.

La diligencia duró seis horas, y aunque el uniformado no aceptó los cargos imputados, el juez 48 de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a prisión al Subintendente de la Policía.

Aunque la Juez ordenó el traslado de Buenaventura a un centro carcelario en Jamundí (Valle del Cauca), para evitar que se obstruya a la justicia, será el Inpec quien decida el lugar de reclusión para el uniformado.

Concluyó la fiscal del caso que el uniformado de ser hallado culpable se expone a una pena superior a los 25 años de cárcel.

Este hecho fue confirmado por elementos desmovilizados del grupo guerrillero.