Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República, definió de inaceptable y vergonzoso el acuerdo con los trabajadores de la rama judicial en paro, en el que se acordó pagar el tiempo que manifestantes dejaron de laborar con la condición de recuperar los días y horas de duración de la protesta.

“Es un abuso del derecho y violatorio de todas las normas legales”, y recordó que el salario corresponde a un servicio prestado y no puede ser cancelado en forma anticipada, manifestó Villazaón.

“Si el paro como dice él dice en el reportaje ha dejado una pésima imagen de la justicia, este pago se constituye en una vergüenza”, enfatizó.

El anuncio del acuerdo lo hizo Ovidio Claros, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, después de que el Contralor Maya Villazón le pidiera a la administración judicial y a la Fiscalía que precisaran a su despacho en qué sentido han dado aplicación a la Circular Externa No. 029 del 20 de noviembre de 2014 con la cual el Contralor advirtió a las entidades del Estado y a ordenadores del gasto sobre el deber que tienen de pagar sueldos a los servidores públicos y trabajadores oficiales sólo por los servicios efectivamente prestados.

Para el Contralor, “Resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, pues ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento del patrimonio público”.

Contralor Maya Villazón le pidió a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura precisar si se han cancelado las nóminas de octubre y noviembre solamente por los servicios efectivamente prestados o, si por el contrario, se ordenó el pago a todos los servidores de la rama judicial sin ningún tipo de verificación sobre el real cumplimiento ordinario de las labores correspondientes.

El Contralor Maya Villazón insistió en que “reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a una entidad, implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor públic”o.

Finalmente precisó que la Contraloría está lista para iniciar las acciones fiscales en contra de los funcionarios que desconozcan la Circular expedida por su despacho.