En lo corrido del año van 43 niños muertos por factores asociados a la desnutrición, la cárcel más hacinada del país, un emisario final de aguas negras en medio de la comunidad y el incremento de amenazas a líderes, hacen parte del panorama en la región.

Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, como resultado de seis meses de investigación y luego de dos días de visita humanitaria encabezada por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, la Entidad convocó una audiencia pública para dar a conocer un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira.

Durante el evento, al que asistieron altos funcionarios del Gobierno Nacional y Territorial, así como representantes de los organismos de control, el defensor Otálora Gómez calificó como una vergüenza para el país el impacto del abandono estatal en esa región, donde en el último año se duplicaron las muertes de niños y niñas por factores relacionados con la desnutrición, al pasar de 23 en 2013 a 43 en lo corrido de esta vigencia.

El funcionario hizo un mea culpa a nombre de la institucionalidad, al señalar que no hay explicaciones ante la indolencia e inmovilidad de las entidades públicas para atender las necesidades y los derechos más apremiantes de la población, particularmente de los indígenas Wayúu.

El Defensor del Pueblo volvió a llamar la atención sobre las precarias condiciones que afrontan los internos en la cárcel de Riohacha, la más hacinada del país con un índice que se acerca al 480 por ciento, y donde los reclusos tienen que dormir uno encima de otro, incluso de pie, pues el espacio no da más alternativa.

Al cabo de dos días de visita humanitaria, Jorge Armando Otálora Gómez constató las graves consecuencias que genera el vertimiento incontrolado de desechos a través del emisario final, que además de arrojar las aguas negras de toda la ciudad de Riohacha al mar Caribe, se ubica en un sector donde al menos 80 familias tienen que convivir con los malos olores y el impacto que para la salud genera la salida de esos residuos no tratados.
Durante seis meses de investigación en terreno por pate de las Delegadas de la Defensoría del Pueblo, la Institución estableció elevados índices de necesidades básicas insatisfechas en municipios como Uribia, Manaure, Maicao y la Jagua del Pilar, donde las muertes evitables, la persistencia del riesgo por el desplazamiento de las comunidades y el accionar de los grupos armados ilegales, se extiende a otras localidades como El Molino, Villanueva y Urumita.

Al término de la Audiencia Pública realizada en el Centro Cultural de Riohacha, las autoridades nacionales dieron a conocer algunos avances en materia de gestión, y se comprometieron a fortalecer los programas de atención humanitaria, tema frente al cual la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán estricta vigilancia a través de una Resolución Defensorial que será expedida en los próximos días, y de mesas técnicas de monitoreo por parte del Ministerio Público.