La Comisión de la Verdad de Brasil presentó este miércoles su informe final a la presidenta Dilma Rousseff, en el que denuncia las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura por 377 personas y establece que los delitos fueron “sistemáticos”, lo que reaviva la polémica por la impunidad que aún ampara a los represores.

El informe sostiene que la dictadura que imperó de 1964 a 1985 dejó 434 víctimas, de las cuales 191 murieron, 208 permanecen desaparecidas y otras 35 fueron identificadas luego, tras años de estar también desaparecidas, algunas de ellas mientras la propia Comisión investigaba, informó el diario O Globo.

El documento, resultado de dos años y 7 meses de trabajo, fue presentado en una emotiva ceremonia encabezada por Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió la tortura por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen.

Entre lágrimas y, según dijo, “sin revanchas”, Rousseff recordó a los militantes de izquierda asesinados y desaparecidos, y afirmó que, para los familiares y amigos de las víctimas el silencio sobre los crímenes les hace sufrir “como si ellos se murieran otra vez y siempre, día a día”.

“Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión”, dijo la mandataria, quien rompió a llorar durante su discurso, y aclaró que las atrocidades relatadas en el documento “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.

Según Rousseff, “Brasil merecía la verdad, las viejas y las nuevas generaciones merecían la verdad”. “La verdad significa sobre todo la oportunidad de un encuentro con la historia” y un “homenaje a un país que ya tiene tres décadas de camino democrático y que así persistirá”, indicó.

El informe detalla en 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía viven. Los acusados, sin embargo, no pueden ser juzgados penalmente debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.

“La democracia brasileña se reconquistó con sacrificios humanos irreparables“, destacó la presidenta, reelecta en octubre, en referencia a esta ley aún vigente, pese a que su gobierno ha manifestado ”respeto“ por esa decisión del Supremo.

“Así como respetamos y honramos -y siempre lo haremos- a todos los que lucharon por la democracia, a todos los que cayeron en esa lucha enfrentando la truculencia ilegal del Estado…, también reconocemos y honramos los pactos políticos que nos llevaron a la redemocratización”, subrayó.

Según Rousseff, el hecho de hacer público el informe hoy, en coincidencia con el Día Internacional de Derechos Humanos, “es también un tributo a todos los hombres y mujeres del mundo que han luchado por la democracia y ayudaron a hacer mejor a la humanidad”.

Pese a la legislación, la Comisión de la Verdad incluyó en un capítulo de “recomendaciones” la sugerencia de que esa amnistía no sea aplicada a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad.
Rosa María Cardoso, una de los miembros de la comisión, dijo luego de presentarse el informe que “las leyes internacionales que Brasil ha firmado dicen que tienen que ser castigados”.

Jose Carlos Dias, otro integrante del grupo, sostuvo que “una amnistía no puede convertirse en instrumento de impunidad” y agregó que “la dictadura juzgó, condenó, torturó y mató a aquellos acusados de practicar crímenes políticos, pero los crímenes de sus agentes no fueron comunes, sino delitos de lesa humanidad”.

Según el documento, la amnistía no puede amparar a responsables de “detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas y ocultamiento de cadáveres, lo cual es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional”.

El informe afirma que esos delitos fueron cometidos “de una forma sistemática, constituyen crímenes contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles y no pueden ser objeto de una amnistía”.

La Comisión sostuvo que “además de la responsabilidad que puede o debe recaer individualmente sobre agentes públicos”, también es “imperativo un reconocimiento institucional de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en ese cuadro terrible”.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas sólo divulgaron un documento este año, en el que afirmaron que no pueden “negar ni confirmar” que durante la dictadura hubo violaciones de los derechos humanos.
La contundencia del informe reanimó la polémica sobre la amnistía y abrió el debate. El documento presenta “un relato categórico, guardado durante mucho tiempo, sobre los más graves crímenes cometidos durante la dictadura”, reseñó la directora de Human Rights Watch en Brasil, María Laura Canineu.

Agregó que el informe “indica el camino para una próxima y crucial medida”, que es “garantizar que aquellos que cometieron atrocidades respondan ante la Justicia”.

Por otro lado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, envió un mensaje a la Comisión de la Verdad, en el que celebró que el país haya establecido la verdad histórica sobre esos crímenes y señaló que “las Naciones Unidas apoyaron y apoyan los esfuerzos en todo el mundo para desvelar los hechos que implicaron graves violaciones de los derechos humanos”.

No obstante, en el Tribunal no parece haber clima para revisar la amnistía. El magistrado Marco Aurélio Mello dijo hoy que esa amnistía “representó un perdón para los dos lados” y permitió “una transición democrática pacífica” en un país que “ahora debe mirar hacia el futuro y no hacia el pasado”.