–Un fiscal especializado imputó cargos a Idis Rocio Gonzalez Martínez y Mónica Esperanza Cano Bedoya, funcionarias de la Contraloría General de la República, por haber sustraído información confidencial de por por lo menos 70 personajes de la vida nacional y de empresas privadas.
De acuerdo con el reporte de la fiscalía, las dos mujeres responderán por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo con abuso de función pública, en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en concurso con falsedad material en documento público,en concurso con falsedad ideologica en documento público.
El fiscal indicó que las dos imputadas serían responsables de los hechos ocurridos entre el 5 y el 15 de julio del 2011, cuando recolectaron información reservada de un disco duro en el que había datos de por lo menos 70 personajes de la vida nacional y de empresas privadas.
Para la época de ocurrencia de los hechos, Cano Bedoya desempeñaba el cargo de asesora de la Contralora, mientras que González Martínez se desempeñaba como ingeniera coordinadora del laboratorio informatico de esa entidad.
Expreso el fiscal del caso que las dos funcionarias utilizaon información para realizar persecución a personas que no tenían nada que ver con los fines que ellas desarrollaban.
Se conocio que la asesora de la Contralora emitio una resolución en la cual pedia iniciar una búsqueda de datos de por lo menos 70 personas,entre ellas Exministros,periodistas, y congresistas,entre otros.
Las dos investigadas obraron de manera errónea, ya que no tenían la competencia para ordenar y menos adelantar esa clase de tarea, porque esa no era función de esos despachos, dijo el fiscal. Añadió que se habrían extralimitado en sus funciones.
Tampoco tenían atribuciones para ordenar búsquedas y seguimientos a casos de manera arbitraria al no tener ellas funciones fiscales.
En desarrollo de una audiencia pública, el fiscal índicó que los documentos que se emitieron del disco duro, donde parte de la información tenia relación con por lo menos 70 personas, no aparecieron en los laboratorios de informática, tal como debía constatar.
Al final de la audiencia, las dos imputadas no aceptaron los cargos, quedando para una nueva fecha la audiencia de medida de aseguramiento.