La Veedora Distrital, Adriana Córdoba, hizo un nuevo llamado para que los gobiernos Nacional, Departamental y Distrital se comprometan en encontrar prontamente una solución de fondo para frenar la grave situación de hacinamiento y vulneración de derechos que viven los más de 14 mil ciudadanos privados de la libertad, no sólo en las cárceles de Bogotá, (Buen Pastor, La Picota y La Modelo), sino en la Unidad Permanente de Justicia UPJ y las Unidades de Reacción Inmediata (URI´s) de la Fiscalía General de la Nación.

Estas últimas, que son responsabilidad de la Fiscalía y del Gobierno Nacional, pese a ser lugares de paso, se están convirtiendo en centros de reclusión. Para la Veeduría Distrital es lamentable la situación, pues mantienen en condiciones infrahumanas a cerca de setecientos (700) ciudadanos privados de la libertad, sin que hasta ahora se vislumbre una solución estructural en el inmediato, mediano y largo plazo.

Este nuevo llamado de la Veedora Distrital se hace en momentos en los que el paro judicial completa más de 60 días y la situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata -URI´s- y de las cárceles es cada vez más incontrolable. El hacinamiento en la UPJ y las URIs es del 95%, con una capacidad instalada de 355 cupos; hoy hay 691 ciudadanos privados de la libertad.

“Es imperante que el Gobierno Nacional asigne recursos y con el apoyo financiero y político de los gobiernos Distrital y Departamental entren a solucionar este grave problema de hacinamiento. La ciudad y la región tienen una bomba de tiempo que en cualquier momento puede afectar la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó la Veedora Distrital, quien desde comienzos de año ha insistido en la necesidad de tomar medidas estructurales como reconstruir las cárceles Modelo y Buen Pastor, tal y como se hizo con la Cárcel Distrital, construir una cárcel regional en un municipio de Cundinamarca y si se va a ampliar la capacidad de La Picota, se debe contemplar un plan de regularización que afecte lo menos posible a las comunidades circunvecinas y a la ciudad en general.

Esta situación, además de vulnerar todos los derechos de los más de 14 mil ciudadanos privados de la libertad, afecta la seguridad de las comunidades vecinas de las cárceles, de las URIs y de la ciudad en general, en la medida en que se dejan de realizar detenciones porque no existen lugares donde recluir a los delincuentes y violentos. “Existen altos riesgos de fugas masivas, desastres como el incendio de la Cárcel Modelo de Barranquilla o riesgos sanitarios por epidemias en los centros de reclusión y para la ciudad, como las que se presentaron hace algunos meses en la Picota de tuberculosis y varicela”, agregó la Veedora Adriana Córdoba.

UPJ del Distrito también está siendo utilizada para atender el hacinamiento de las cárceles
Para la Veedora Distrital, Adriana Córdoba, resulta aún más preocupante la situación de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) del Distrito, en la medida en que fue creada para proteger ciudadanos por no más de 24 horas y hoy en día está siendo utilizada para tener por varios días y meses a sindicados y condenados por delitos y no contraventores de las normas de convivencia, como era el objetivo de esta Unidad. Las salas de retención de la UPJ no están diseñadas para tener detenidos de alta peligrosidad y el INPEC no ha recibido las personas que se encuentran con condenas en la UPJ).

“Se está cambiando una medida de protección a la ciudadanía por solucionar el problema de hacinamiento en cárceles y URI´S, que es responsabilidad de la Nación”, explicó la Veedora Adriana Córdoba.

En su momento, el Secretario de Gobierno, Hugo Zárate, y el comandante de la Policía de Bogotá, Edgar Sánchez, suscribieron un documento en el cual prestaron las celdas del segundo piso de la UPJ para retener allí a ciudadanos con condenas (personas con penas hasta de 40 años), lo cual agravó la prestación del servicio UPJ y desubicó a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno que son designados a la UPJ. Hoy en día por el préstamo o lo que se cedió a la URI, ya no se hace clasificación en la UPJ, ya que solo cuenta con dos salas de retención en el primer piso. (Todos los hombres en una misma sala, habitante de calle, universitarios, ciudadanos de grupos étnicos, miembros de barras bravas, etc).

En la visita que la Veeduría realizó a la UPJ se encontró que el hacinamiento y uso inadecuado de la Unidad ha provocado el taponamiento de las cañerías y las aguas negras se rebosan hacia el primer piso. Esto llevó a Salud Pública del Distrito a clausurar estas áreas de retención desde el 11 de septiembre de 2014, sin embargo, haciendo caso omiso, hoy se siguen utilizando para retener a más de 180 personas.

A juicio del ente de control, hay que decretar emergencia sanitaria en la UPJ y las URI’s para que los funcionarios del INPEC permitan el ingreso a las cárceles de Bogotá de los sindicados y condenados que se encuentran en estas instalaciones y los jueces definan rápidamente la situación de algunos ciudadanos que no irían a las cárceles. “La emergencia sanitaria, que se puede aplicar para las cárceles hacinadas, les permite a los gobiernos Nacional y Distrital asignar recursos para solucionar este problema en el mediano y largo plazo”, reiteró Adriana Córdoba.

Finalmente, la Veedora Distrital también llamó la atención para que los gobiernos Nacional y Distrital se reúnan para encontrar soluciones de fondo al problema de privación de la libertad de los adolescentes del Sistema de Responsabilidad de Responsabilidad Penal -SRPA-, en particular a los problemas que en los últimos meses se han presentado en El Redentor.