El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, rechazó el secuestro del alcalde de Alto Baudó, Freddy Palacios Ramírez, quien fue privado de la libertad cuando se movilizaba en una embarcación por el corregimiento Cocalito, cercano a la población de Puerto Meluk, en el departamento del Chocó.
Después de conocerse la presunta participación de miembros del frente Resistencia Cimarrón del ELN en estos hechos, el funcionario del Ministerio Público pidió respeto por la vida del mandatario y reclamó su pronta liberación.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado a los grupos guerrilleros para que excluyan a la población civil de la confrontación, y para que cesen las hostilidades durante la temporada de fin de año como muestra de su voluntad para avanzar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas también expresaron su preocupación por las amenazas proferidas contra una de las lideresas afrodescendientes que protestan por la minería ilegal en el Cauca.
Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, integrantes del Ejército de Liberación Nacional asesinaron a los líderes indígenas Ernelio Pacheco Tunay y Miguel Becheche Zarco, episodio que se suma a los desplazamientos masivos y confinamientos provocados por la confrontación entre este grupo ilegal y las llamadas Autodefensas Gaitanistas, tema frente al cual la Resolución Defensorial del 29 de septiembre de 2014 advierte el riesgo para las comunidades y exige medidas estructurales de control para superar dicho escenario.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación y condena por las amenazas contra Alexa Leonor Mina López, una de las lideresas afrodescendientes del Norte del Cauca que marchó hasta Bogotá para dialogar con autoridades del Estado colombiano, y demandar acciones que garanticen la protección integral de los derechos de las comunidades frente a la minería ilegal.
Las intimidaciones ocurrieron este martes 16 de diciembre, cuando dos sujetos armados profirieron sentencias de muerte contra esta persona, al interrumpir la visita de una comisión conjunta entre la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al consejo comunitario de La Toma, donde ambas entidades han acompañado a las comunidades afrodescendientes, ante el impacto negativo que la minería ilegal tiene sobre los derechos individuales y colectivos en esa región, y en otras localidades como Santander de Quilichao, Caloto, Guachené y Buenos Aires.
Desde el 28 de noviembre, la Oficina y la Defensoría acompañaron el diálogo entre el Gobierno y las mujeres afrodescendientes, que culminó con la firma de un acuerdo el viernes 12 de diciembre.
La Defensoría del Pueblo y la ONU instan a las instituciones del orden nacional y regional con competencias en los temas de protección, en particular la Unidad Nacional de Protección y a la Fuerza Pública, para que adopten con la urgencia del caso medidas eficaces y sostenibles para proteger la vida de estas mujeres y prevenir nuevas amenazas, a la vez que reiteran la importancia de que la Fiscalía General de la Nación investigue e identifique la procedencia de las mismas, a fin de que el sistema judicial cumpla con sancionar a los responsables.
