La Sala Plena del Consejo de Estado negó la solicitud de tutela interpuesta el pasado 10 de diciembre por la Contraloría, con la que buscaba aplazar la entrega de la actual sede en donde opera el órgano de control.

En el oficio interpuesto por el contralor Edgardo Maya, solicitaba la protección del derecho fundamental al trabajo y al buen nombre de más de dos mil empleados del ente de control que se verían afectados por otro cambio de sede.

La sección primera del Consejo de Estado negó la tutela, al considerar que dicha acción “no era idónea” para solicitar la continuidad del organismo en la sede ubicada en el centro comercial Gran Estación Fase II.

El alto tribunal también negó las medidas cautelares que pidió Maya para que se le permitiera seguir en el actual edificio.

Para el tribunal contencioso administrativo la acción de tutela no era la herramienta indicada para solicitar la continuidad de la sede en el actual predio ubicado en el occidente de Bogotá.

Frente a la determinación que tomó el Consejo de Estado, Maya Villazón tendrá que ponerse en la tarea de buscar una nueva sede o reanudar el contrato de arrendamiento por un valor más alto.

Una vez conocida la acción interpuesta por el Contralor Maya, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, decidió apoyar tutela presentada contra la sociedad Proyectos y Desarrollos I, por considerar violados los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al buen nombre de los 2.200 empleados de esa Entidad.

Otálora manifestó que el apoyo a la acción de tutela, era garantizar el derecho al trabajo y proteger la administración pública, sustento argumentativo homogéneo al del contralor.

El contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría vence el 31 de diciembre del presente año.

En su acción de tutela el Contralor solicita se renueve el contrato sin las cláusulas respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación ha formulado observaciones acerca de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, y por las que existe una investigación penal en curso.

De acuerdo con el Contralor de no renovarse el contrato hay una alta probabilidad de que la Institución no cuente con un sitio donde pueda desempeñar sus labores, razón por la que los empleados no podrían cumplir con sus funciones.