Gobierno Distrital habilita línea 123 para denunciar venta ilegal de licor, pólvora y reclutamiento forzado
–El Número Único de Seguridad y Emergencias – NUSE 123, fue habilitado por el gobierno Distrital para que la ciudadanía denuncie la venta y comercio de licor adulterado, la distribución, el expendio y uso de pólvora y el reclutamiento forzado de jóvenes en Bogotá.
Al hacer el anuncio, la Secretaria Distrital de Gobierno, Gloria Flórez Schneider, destacó que la la línea 123 estará habilitada las 24 horas del día durante la temporada decembrina y de nuevo año, para atender todas las denuncias ciudadanas.
Respecto a la venta de licor adulterado, la funcionaria recordó los efectos nocivos que en la salud de las personas tiene la ingesta de bebidas ilegales; “nuevamente hago un llamado a las familias para que se abstengan de comprar estos productos en lugares no permitidos o clandestinos. Por el contrario, invitó a denunciar expendios ilegales, así como venta de pólvora marcando la línea 123”.
El reciente fin semana, las autoridades adelantaron un operativo que permitió desmantelar una fábrica clandestina de licor en el barrio Catalina 2 en la localidad de Kennedy, allí se se encontraron más de 1.000 botellas que contenían ron y aguardiente adulterado de diferentes marcas.
Respecto a la venta, expendio y consumo de pólvora, la secretaria Flórez insistió en la necesidad de recurrir a todos los medios posibles para que no se haga uso de estos artefactos. Recordó que existen medidas judiciales contra las personas que sean encontradas vendiendo o haciendo uso de estos explosivos.
Frente al reclutamiento forzado, Flórez Schneider, entregó un informe de las ‘batidas’ hechas por el Ejército en las localidades de: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, Fontibón y San Cristóbal los días 30 de noviembre, 12, 13, 14 y 15 de diciembre del 2014.
Al respecto sostuvo que las denuncias fueron hechas por jóvenes que no tenían que ser reclutados, estudiantes de bachillerato que fueron incorporados ilegalmente al Ejército Nacional y conducidos luego al municipio de Saravena”. Lo grave, según la Secretaria, es que se continúan presentado denuncias de personas y la SDG tiene documentos que evidencian el problema.