-Un vehemente llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Justicia y a las autoridades locales y nacionales para que tomen medidas urgentes a fin de evitar que ocurra una tragedia en los Centros de Detención Transitoria, por cuenta de los graves problemas de hacinamiento que allí se registran, formuló el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.

El funcionario advirtió que el fin de semana pasado en Bogotá se presentaran varias situaciones críticas, la primera de ellas el sábado en la URI de Puente Aranda, donde los detenidos se amotinaron y retuvieron a los custodios y a los policías, hecho que dejó 7 presos lesionados y 3 policías heridos. El segundo hecho ocurrió la noche del domingo en la URI de Kennedy donde se presentó un intento de fuga de 12 personas, 10 de ellas ya fueron recapturadas.

Señaló que los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que visitan diariamente los Centros de Reclusión Transitoria han podido constatar las condiciones indignas e inhumanas en que permanecen los detenidos en estos lugares, donde la mayoría debe dormir en el piso, no hay comedores, ni baños, ni duchas y las condiciones higiénicas, de salud y alimentación son deplorables. Como si fuera poco, varios centros no cuentan con botiquines ni extintores para atender una emergencia.

“Situaciones como las registradas el fin de semana en varias Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá son un claro llamado de alerta para tomar decisiones urgentes y evitar que se llegue a registrar una tragedia”, reiteró el Defensor Otálora Gómez, al tiempo que llamó la atención porque en estos lugares los detenidos permanecen hasta 4 meses, cuando las normas establecen un máximo 36 horas.

En Bogotá, son críticas las situaciones de las URI de Engativá, que cuenta con capacidad para 35 detenidos y actualmente se registran 100 detenidos en las celdas y pasillos; de Kennedy, con capacidad para 50 detenidos y donde permanecen 182 personas; de Puente Aranda, con capacidad para 90 detenidos y ya suma 147 personas; y de Ciudad Bolívar, con capacidad para 50 personas y 142 detenidos en celdas y pasillos. A esto se sumaron las cerca de 18 personas que fueron conducidas anoche a las URI, con ocasión de las riñas presentadas tras la final del torneo profesional de fútbol.

La solicitud de la Defensoría busca proteger el derecho fundamental a la dignidad humana y, por ende, garantizar los derechos a la salud, a la vida y al debido proceso, de la población detenida en las URI. Por lo tanto, advierte que aunque respeta el derecho a la huelga, como ha venido ocurriendo desde hace varias semanas con los funcionarios del Inpec, ello no puede generar una violación a los derechos fundamentales de los detenidos.