Los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE) acordaron hoy un pacto de Estado para aprobar de urgencia una ley antiterrorista, que la izquierda ve con recelos ante la posible violación de derechos civiles.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, confirmó en rueda de prensa en Atenas que el tema fue tratado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mientras fuentes locales comenzaron a filtrar aspectos del acuerdo.
Según los adelantos, la propuesta de ley orgánica a presentar en el plazo de un mes en el Congreso de Diputados tiene como base 12 enmiendas al Código Penal elaboradas previamente por el PP.
El diputado Ricardo Sixto, del grupo parlamentario Izquierda Unida (integrado por varios partidos de esa tendencia encabezados por Izquierda Unida) consideró que se tata de un plato precocinado con ingredientes desconocidos.
En declaraciones a reporteros en el Congreso, Sixto criticó también que la iniciativa se forjara entre los dos partidos, sin dar participacion a otras fuerzas políticas del país.
En relación con versiones de que el PP y PSOE tratarán de atraer a otras organizaciones, Sixto adelantó la disposición del grupo a escuchar la propuesta pero -alertó- sin cruzar líneas rojas de respeto a los derechos y el recorte de libertades.
Al mismo tiempo opino que el proyecto nació cojo, pues no se contó desde el principio con todos los grupos parlamentarios y parte de ideas elaboradas unilateralmente por el Gobierno que pretendía aprobar como reforma del Código Penal.
No sé si pretenden -precisó- que parezca que unos están en contra del terrorismo yihadista y otros no lo estamos, pero eso no es cierto; todas las fuerzas políticas estamos absolutamente en contra del terrorismo.
En su opinión puede haber sectores interesados en aprovechar la ola de lucha contra el terrorismo tras los atentados de París de la semana pasada para limitar las libertades públicas.
La propuesta, según adelantos, buscará elevar las penas a delitos de carácter terrorista, incluir castigos para el adiestramiento y viajes con ese fin a zonas de conflicto y penalizar la difusión en Internet de contenidos que inciten a la violencia.