La recolección de llantas entró en un limbo jurídico tras la respuesta de la Andi al Distrito.
Tras el cierre de tres bodegas en Fontibón por la incorrecta disposición de llantas usadas, no solo se evidenció que el riesgo ambiental aún no se ha superado –tras el desastre ocurrido en noviembre– sino que el tema se encuentra en un limbo jurídico.

Frente a este tema, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) explicó que sus responsabilidades son limitadas y que la recolección de las llantas en las vías públicas no es su competencia.

“No tenemos la obligación legal de recoger las llantas usadas en las vías públicas. La norma nos pide que establezcamos un sistema para la recolección de llantas y fijamos cerca de 100 puntos de recolección en la ciudad”, dijo Elber Cardozo, director ejecutivo del programa Rueda Verde de la Andi.

Agregó que este tema también es responsabilidad del ciudadano y explicó que la recolección es una tarea que se debe realizar entre productores, autoridades y consumidores.

Cardozo hizo además una invitación a las autoridades para que se amplíe el mercado para reutilizar las llantas usadas.

Carlos Herrera, vicepresidente de desarrollo sostenible en la Andi, también afirmó que es importante cambiar la concepción frente a la recolección de las llantas y promover la participación de otras empresas del sector en el tema.

Cardozo, por su parte, insistió en que, por ahora, no está clara la normatividad sobre qué entidad debe sancionar a aquellos que sean sorprendidos arrojando llantas a la calle ni qué entidad debe realizar dicha recolección.

“Desconocemos la entidad competente para sancionar y evitar que las llantas sean arrojadas”, concluyó Cardozo.