La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigación de más de dos años,la red manejaba el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportación de oro.

“Para la Fiscalía este es el golpe más importante, más contundente que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tráfico o la comercialización de oro”, puntualizó el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercialización de oro en Colombia.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, quien contó con el apoyo de la Policía Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.

Para tal fin, alrededor de Goldex se configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.

Estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.

Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance del dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2.3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia”.

“Desde hace mucho tiempo en el país se venía pidiendo enfrentar la minería desde las grandes organizaciones. Es mucho más importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles”, agregó el Ministro.

La investigación permitió a la Fiscalía solicitar las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores.