Para que la prestación del servicio educativo no sea simplemente un negocio, por primera vez el Ministerio de Educación articula las funciones de inspección y vigilancia, con la calidad y garantía del derecho a la educación, y declara la Vigilancia Especial a la Fundación Universitaria San Martín.

Así lo confirmó la ministra de Educación Nacional, Gina Parody, quien señaló que “una vez expedida la ley 1740 de 2014, el Ministerio inició un arduo trabajo de campo en el que se recibieron 90 declaraciones, se visitaron 7 sedes, se analizó la información entregada por la San Martín, con más de 1.200 folios, para concluir que la situación de la Fundación Universitaria amerita decretar medidas preventivas, incluida la Vigilancia Especial”.

La medida se toma debido a la interrupción anormal y grave en la prestación del servicio de educación, la afectación grave en las condiciones de calidad del servicio, el inadecuado manejo de sus rentas y la indebida conservación de recursos.

El Ministerio de Educación Nacional verificó posibles irregularidades como la ocurrida con los programas a distancia, que no pudieron contar con una plataforma virtual, debido a las deudas con el servicio de Internet, o los obstáculos que tuvieron los estudiantes de medicina veterinaria por falta de equipos y los de odontología para realizar prácticas en clínica por problemas de pagos a los convenios.

También se pudo establecer que la Fundación Universitaria San Martín tiene deudas en salarios y prestaciones sociales que alcanzan los $4.575 millones, en arriendos, servicios públicos y obligaciones financieras estimadas en $13 mil millones.

Una de las personas afectadas es Aura Elizabeth Rodríguez Molano, quien durante 16 años no recibió primas ni cesantías. Mientras tanto, personas cercanas a la familia Alvear recibían bonificaciones económicas vitalicias, como la otorgada a Jaime Villamizar Lamus, por una cuantía de $10 millones mensuales, que se incrementaría anualmente, según consta en las actas del Plénum.

La debacle financiera

Uno de los principales hallazgos de la inspección realizada por el Ministerio de Educación Nacional es que la Fundación Universitaria San Martín no cuenta con una situación financiera y contable confiable.

“Yadira Blanco, gerente de la mesa de trabajo de la San Martín, no nos pudo entregar los estados financieros actualizados y debidamente firmados debido -según ella- a que el área donde está el servidor del programa contable no tiene luz”, indicó la ministra Parody.

A pesar de que la información es deficiente, se pudo establecer que entre 2010 y 2013 la Fundación Universitaria redujo en un 14% su cuerpo docente, a pesar de que seguían recibiendo ingresos provenientes de las matrículas.

Según la representante legal del Centro de Atención Tutorial (CAT) de Zipaquirá, entre 2013 y 2014 la Fundación recaudó en esa sede $6 mil millones, dinero que fue consignado al Fondo para el Fomento de la Educación y a FONEDUCAR, fundación en la que actúa como representante legal Mariano Alvear Sofan y quien a su vez es presidente del Plénum de la Fundación Universitaria San Martín.

En el caso de la sede ubicada en Sabaneta, con los comprobantes de pago de los estudiantes se pudo establecer que se recaudó el dinero de la matriculas en la Corporación para el Desarrollo de la Facultad de Medicina, entidad que a 14 de enero de este año reporta un saldo disponible de $1.500 millones en la cuenta corriente del Banco de Bogotá.

En otro testimonio recogido, uno de los representantes legales de los CAT denunció que Martín Eduardo Alvear Orozco realizaba inversiones permanentes para la creación de un centro de reproducción bovina, una planta de procesamiento de carnes en Briceño, una cadena de comercialización de productos cárnicos y agrícolas, una cadena de restaurantes Burguer Market y módulos de producción avícola y porcina que servirían supuestamente como escenarios de práctica de los estudiantes.

Aunque está por establecer la participación de Alvear Orozco en estos negocios, en las actas del Plénum se pudo comprobar que estaba autorizado para suscribir a nombre de la universidad documentos de facilidad crediticia rotatoria, créditos y negocio de cheques; transferir a título de compraventa inmuebles y firmar convenios con recursos de la Universidad, con Banco Colpatria, FODESEP, Sufactura S.A. y el Fondo para el Fomento de la Educación.

Medidas del Ministerio

Estos hallazgos nos obligaron a tomar las medidas preventivas establecidas en el Artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, que incluyen declarar la vigilancia especial, designar un inspector in situ, enviar delegados a los órganos de dirección de la San Martín, ordenar un plan de mejoramiento y señalar las condiciones para atender, superar y corregir en el menor tiempo posible las irregularidades de tipo administrativo, financiero y de calidad.

Esta medida significa que el Ministerio estará presente en la San Martín dando la línea de cómo deben hacerse las cosas; por ejemplo, cuál debe ser el manejo financiero y administrativo para poder establecer las condiciones de normalidad del servicio de educación.

“Designamos al doctor Rodrigo Acosta como Inspector In Situ, quien citará al Plénum para pedirle a los directivos el plan de apertura inmediato para el manejo de la Fundación Universitaria. Así mismo solicitará toda la información académica, administrativa y financiera para tener el diagnóstico claro y establecer los lineamientos para poder restablecer el servicio”, confirmó la Ministra.

Además se suspenderá temporalmente y de manera preventiva la vigencia de los registros calificados y se ordenará la constitución de una fiducia para los recursos y rentas.

“A los directivos les decimos que acatar las medidas y cumplir las órdenes del ministerio, y que lo tienen que hacer en los tiempos en los que les digamos, como lo establece el artículo 13 de la mencionada ley. Todo esto es imprescindible para que los estudiantes de la San Martín puedan matricularse el próximo 29 de enero”.

Fuente: Mineducación