La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra cuatro exmiembros de la Junta Directiva de Infimanizales: Álvaro Vélez Gómez, gerente general; Juan Manuel Llano Uribe, alcalde; María Elena Gómez Ramírez, secretaria de Hacienda; y Roberto Arias Aristizabal, secretario de Planeación del municipio de Manizales.

De acuerdo con a la Procuraduría, los investigados pusieron en riesgo recursos de Infimanizales al invertirlos en la Empresa de Transporte Integrado de Manizales (TIM) sin contar con estudios técnicos ni financieros que determinaran su viabilidad.

Esta investigación se remonta al hallazgo remitido por la Contraloría a la Procuraduría Provincial de Manizales en el cual se señala que “la crítica situación de la Empresa de Transporte Integrado de Manizales S. A. (TIM), el Consejo Directivo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales), establecimiento público del orden municipal adscrito a la Alcaldía, autorizó una capitalización de $800 millones de pesos para el TIM sin tener en cuenta criterios de seguridad, rentabilidad y beneficio social”, afirma.

Según el órgano de control, los funcionarios podrían estar incursos en falta disciplinaria por entregar dineros a una institución sin ninguna viabilidad financiera ni técnica, a tal punto de que al año siguiente de la asignación de los recursos, la empresa TIM entró en proceso de liquidación.