Por Mauricio Botero Caicedo
Colombia enfrenta un serio problema carcelario. No sólo los lugares de reclusión son escasos, inadecuados, y fétidos, sino que el hacinamiento es la regla y no la excepción. Sorprendentemente es el mismo Estado, con el Gobierno a la cabeza, el que más a contribuido al deplorable estado de hacinamiento al insistir, con incomprensible insensatez, que cada vez más infracciones y contravenciones sean penales, y por ende con cárcel de por medio.

El último fallido intento es llevar a toda persona que cometa un error en su Declaración de Renta a la cárcel. El Congreso, en acto de cordura, le negó al Ejecutivo sus absurdas pretensiones. Adicionalmente la Fiscalía y los Jueces de Garantía han abusado de la detención preventiva. En Colombia, con razón, se afirma que el único derecho que goza todo colombiano es el ‘Derecho al aseguramiento’.

Hay dos formas de disminuir la presión sobre las cárceles: la primera es que la detención preventiva sólo se aplica a aquellas personas de alta peligrosidad. En una democracia tiene que prevalecer el hecho de considerar al ciudadano inocente hasta que haya sido condenado en un juicio imparcial. La segunda es la detención domiciliaria. En un buen número de países, como Estados Unidos y Chile, este es un mecanismo idóneo para aquellos condenados en reclusión parcial. El problema es que en Colombia, la llamada ‘casa por cárcel’ ha sufrido una serie de abusos tolerados por el mismo sistema. Hay reos que logran que les otorguen es ‘Club por cárcel’ y se pasan el día entero de cancha tenis a cancha de golf y viceversa; y de casa en casa. La solución para estos abusos es la ‘tobillera electrónica’ debidamente monitoreada en una estación central. Con los sistemas de GPS incorporados, es imposible que el reo, indistintamente del género, se escape a un lugar distinto de la residencia asignada por el juez. El costo de el monitoreo es la mitad de lo que le cuesta a la Nación mantener en la cárcel a un preso, y una ínfima parte del costo del guardián que se asigna a buena parte de las personas que tiene detención domiciliaria.

De una u otra forma hay que solucionar el problema carcelario. El Gobierno no puede seguir haciéndose el loco ante tan grave situación.