–El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo se declaró en contra de someter a una refrendación popular el eventual acuerdo de paz que se firme con las Farc en La Habana, hecho sobre el cual insistió el gobierno colombiano a través del jefe del equipo negociador Humberto de la Calle Lombana.

“Persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al Gobierno, no hace más que enturbiar el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha maniquea entre ‘amigos’ y ‘enemigos’ de la paz”, precisa Restrepo en una carta que envió desde la clandestinidad.

“Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente”, agrega.

Sin embargo, advierte que como de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia.

Según el excomisionado “esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, para sumarlas a las 28 salvedades que las Farc han dejado pendientes en la mesa de diálogo. Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate”.

En su misiva, inicialmente el excomisionado aclara los alcances de una entrevista que concedió en el 2003 al diario El País de España y dijo que en el gobierno del presidente Alvaro Uribe nunca se pensó en ley para perdonar cárcel a las Farc

Los términos de la carta de Restrepo, son los siguientes:

Diversos medios de comunicación publican hoy la noticia sobre una entrevista concedida al diario El País, en la que defiendo el proyecto de “Alternatividad Penal” elaborado bajo mi coordinación en 2003. El artículo ha sido desempolvado por el senador Armando Benedetti, con la pretensión de señalar supuestas incoherencias en el uribismo. Dicha iniciativa, que contó con la ayuda de varios expertos, entre ellos la Dra. Maria Paulina Riveros -hoy negociadora en La Habana- y el Dr. Julio Andrés Sampedro -hoy Decano de la Facultad de Cincias Jurídicas de la Universidad Javeriana-, proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura.

Debo aclarar que dicho proyecto no contó con la aprobación plena del gobierno, aunque el presidente respaldó la iniciativa considerando que era un buen inicio para la discusión. De hecho, a raíz de un amplio debate político de casi dos años, el mismo presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión. Fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz. Por mi parte, estoy dispuesto a defender ante mis amigos del Centro Democrático la propuesta de alternatividad penal del año 2003, si el actual gobierno considera que ese proyecto, negado por entonces en el Congreso, puede ser útil. Dicha propuesta puede ser un excelente complemento operativo al Marco Jurídico para la Paz, aunque el tema de la cárcel seguirá siendo polémico. Tal vez, así podríamos empezar a poner en marcha medidas que permitan desescalar el clima confrontacional que se vive con la oposición política. Si esas medidas sirven a la vez para fortalecer el proceso de paz, generarían un clima de confianza para la consolidación civilista del país.

La primera de esas medidas podría ser la aceptación por parte del gobierno de una veeduría internacional para el cese al fuego y hostilidades declarado por las Farc. En el comunicado inicial de diciembre de 2014, ese grupo sugirió al Comité Internacional de la Cruz Roja ?CICR? para esa tarea. Esta organización tiene presencia en Colombia y contacto con los miembros del grupo guerrillero en el terreno. Se podría encomendar al CICR la elaboración de un censo completo de los miembros de esa estructura guerrillera, para informar al gobierno sobre su ubicación y desplazamientos. Con esta información transmitida al gobierno en tiempo real, se puede asegurar a los miembros de las Farc la “reciprocidad gubernamental”, que consiste en el respeto a sus vidas y cese de acciones ofensivas mientras se cumpla lo prometido. Además se deja claro que la responsabilidad del control territorial sigue en manos del Estado y se despejan dudas sobre una eventual parálisis de la Fuerza Pública frente a la protección de los ciudadanos.

La segunda medida podría ser el desistimiento por parte del gobierno de una consulta sobre el tema de la paz en las próximas elecciones regionales. Tiene razón el señor Fiscal General de la Nación al decir que la Ley 418 de 1997, recientemente prorrogada, le concede amplias facultades al presidente para fijar el contenido de los acuerdos. Por su parte, las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha. Persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al gobierno, no hace más que enturbiar el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha maniquea entre “amigos” y “enemigos” de la paz. Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente. Como de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia. Esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, para sumarlas a las 28 salvedades que las Farc han dejado pendientes en la mesa de diálogo. Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate.

Aclaro que estas sugerencias no comprometen al Centro Democrático ni han sido consultadas con sus voceros. Con el respeto que me merecen el expresidente Uribe y el partido que lidera, he considerado importante exponerlas directamente ante la opinión pública, con el único propósito de avanzar en la necesaria construcción de un amplio consenso democrático.

Luis Carlos Restrepo Ramírez
Ex Alto Comisionado para la Paz
Enero 22 de 2015