–Cinco mandos medios de las Fuerzas Armadas colombianas y de la Policía fueron retirados del servicio activo y otros 20 trasladados a otras dependencias por su implicación en las chuzadas ilegales realizadas desde el centro de espionaje “Andrómeda” que funcionaba en un restaurante fachada ubicado en el sector de Galerías en Bogotá.

La decisión fue oficializada por el Inspector General de las Fuerzas Militares vicealmirante César Augusto Narváez, quien salvó la responsabilidad de los altos mandos de la institución en los hechos y la atribuyó totalmente en los oficiales que estaban al mando del servicio de inteligencia, pues afirma que las interceptaciones no fueron ordenadas por el comando de las Fuerzas Armadas.

La destitución de los uniformados — un mayor y un cabo tercero y de la Policía un mayor, un teniente y un patrullero–se produjo como conclusión de la investigación iniciada a finales del mes de enero del 2014 cuando estalló el escándalo y el posterior allanamiento del mencionado centro de espionaje por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Los 20 uniformados trasladados del servicio de inteligencia a otras dependencias militares, son 10 oficiales, 8 suboficiales, un patrullero y un civil.

Como en su oportunidad se informó ampliamente, en “Andrómeda” se hicieron seguimientos a los correos electrónicos y a los chats de varios personajes de la vida pública, entre ellos, nada más ni nada menos, que el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el comisionado de paz Sergio Jaramillo, integrante del equipo negociador del gobierno en las conversaciones con las Farc en La Habana, Cuba.

El centro de espionaje del Ejército operaba en inmediaciones del centro comercial Galerias en una edificación de dos plantas, en la primera de las cuales funcionaba un restaurante en el que se vendían “corrientazos” a 6.000 pesos.

En el segundo piso había una especie de café internet, con los respectivos equipos de computación y televisores gigantes.

Allí actuaban jóvenes hackers que recibían entre 200.000 y 300.000 pesos de acuerdo a los grados de dificultad de las tareas que les eran asignadas.

Por el caso “Andrómeda”, además por las denuncias hechas por el hacker Andrés Sepúlveda, fueron detenidos 3 militares el pasado 8 de octubre. Ellos son los cabos del Ejército Carlos Alberto Betancur y Luis Humberto Moreno Montes y el agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilson Leonardo Torres.

Dentro del proceso, la fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a varios generales de la República por estos hechos, entre ellos Mauricio Ricardo Zúñiga Campo, jefe de Inteligencia del Ejército, y Jorge Andrés Zuluaga López, director del Comando de Inteligencia Técnica (Citec), bajo el supuesto de que tenían conocimiento de las actividades ilegales que se realizaban en “Andrómeda”.

En el comunicado que leyó ante los medios de comunicación, el Inspector General de las Fuerzas Armadas hizo las siguientes precisiones:

Frente a los casos conocidos por la opinión pública como “Operación Andrómeda”, “Andrés Sepúlveda”, “los documentos secretos” y “la supuesta lista de inteligencia militar” (correos electrónicos), el Ministro de Defensa Nacional y los comandantes de las Fuerzas Armadas de Colombia conformaron un comité de alto nivel integrado por el inspector general de las Fuerzas Militares, los inspectores generales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía y el director de asuntos legales del Ministerio, con el fin de hacer seguimiento y coordinación a las investigaciones, obteniendo los siguientes resultados:

Caso “Operación Andrómeda”

1. Se encontraron fallas de seguridad que evidenciaron indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia.

2. No se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la operación “Adrómeda”. muchas de ellas que ingresaban, tenían un alto conocimiento y capacidades a nivel informático, sin embargo, trabajaban sin supervisión alguna.

3. En la fachada de la operación “Andrómeda” no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades.

4. No se realizó un detallado estudio de seguridad del personal para la selección de los agentes que integraron la operación.

5. No se informó de manera inmediata al mando superior de la diligencia de allanamiento y registro que efectuó el cuerpo técnico de investigación (CTI) a la fachada “buggly hacker” el día 23 de enero de 2014.

Estas falencias que fueron detectadas en las diferentes auditorías internas, son objeto de investigación por parte de las fuerzas armadas y la procuraduría general de la nación.

6. Por último, se ratifica que el desarrollo de la operación de inteligencia “Andrómeda” estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el manual de manejo de redes de informantes, de clasificación reservado, el cual se refiere a la fachada y a la historia ficticia; además, su funcionamiento estaba soportado en órdenes de operaciones emitidas legalmente por la cadena de mando.

Caso “Andrés Sepúlveda”

1. Se realizaron auditorías internas especiales del Ejército y la Policía Nacional, evidenciando que algunos funcionarios de la Fuerza Pública, de manera individual y a motu propio, al parecer manejaron de forma irregular información clasificada. existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía Nacional en la entrega de información clasificada directa o indirecta al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía General de la Nación les dictó medida de aseguramiento.

2. Se presentaron errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de la documentación clasificada y gestión documental, observándose falta de control y supervisión en la cadena de mando directa: grupo de atención humanitaria al desmovilizado, central de inteligencia técnica del ejército nacional y la seccional de policía judicial de la policía metropolitana de Bogotá.

De otro lado, el Inspector de las Fuerzas Armadas anunció además otras decisiones adoptadas por los altos mandos, entre ellas “activar una escuela de contrainteligencia conjunta a nivel de las Fuerzas Militares que permita trasmitir conocimientos básicos y avanzados en las áreas de seguridad y protocolo de la información digital, documental, entre otros”.

Igualmente, la creación de “un sistema estratégico nacional de ciber-defensa para el manejo y control de la información digital, documental, el cual proteja, preserve, administre objetivamente la información que se obtenga con el fin de asegurar su confiabilidad, integridad, disponibilidad, legalidad y veracidad”.

Explicó que se trata de fortalecer “la cultura de la contrainteligencia a todo nivel, que permita la adopción e implementación de controles preventivos que minimicen los riesgos y maximicen los resultados”.

Además se dispuso “revisar y fortalecer las directrices por parte del Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional donde se establece los protocolos para el manejo de las operaciones encubiertas”.

El vicealmirante Narváez estableció que en desarrollo de la investigación se detectaron debilidades de control en algunas dependencias de las Fuerzas Militares en lo referente a seguridad informática y gestión documental; se observó falta de control y supervisión en la cadena de mando directa frente al caso del hacker Andrés Sepulveda.

Informó asi mismo que se han realizado 268 pruebas de credibilidad y confiabilidad al personal de inteligencia que podría estar comprometido en estos casos y que de ellas, ocho pruebas no resultaron satisfactorias.

La Fiscalía General de la Nación también está investigando los hechos relacionados con “Adrómeda”. El proceso lo abrió tras estallar el escándalo.

Precisamente, el 24 de febrero de 2014 la Fiscalía General de la Nación anunció su intervención, en el siguiente comunicado:

“Frente a los graves hechos puestos en conocimiento de la opinión pública por el columnista de la revista Semana – Daniel Coronell y por el periódico El Tiempo, según los cuales, se han interceptado correos electrónicos del señor Presidente de la República, Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, la Fiscalía General de la Nación se permite informar:

1. Desde el pasado 22 de febrero de 2014, fecha en la que se tuvo conocimiento de la interceptación de las comunicaciones electrónicas del Señor Presidente de la República, se ordenó la apertura de una indagación de oficio, asignada a un Fiscal Especializado, quien también se ocupará de establecer si otros miembros de la familia presidencial han sido objeto de la violación de sus comunicaciones.

2. Dentro de la indagación correspondiente, se verificará si estos hechos guardan relación con los actualmente investigados por la Fiscalía General de la Nación, producto del allanamiento realizado a las dependencias de “Buggly Hacker” – conocido por la opinión pública como “Sala Andrómeda”–.

3. El componente técnico de la investigación se adelantará por el mismo grupo de trabajo conformado para el caso “Buggly Hacker” y, de ser necesario, se acudirá a instrumentos de cooperación interinstitucional o internacional para el oportuno esclarecimiento de los hechos.

4. De otra parte, considerando la denuncia presentada el 20 de febrero de 2014 por la señorita MARÍA ANTONIA SANTOS RODRÍGUEZ, quien habría sido suplantada ante una empresa de telefonía celular, la Fiscalía estudiará si tales actos, que hacen referencia a los delitos de falsedad personal y documental, guardan algún tipo de relación con estos hechos, o si por el contrario se trata de conductas aisladas.