–La Organización de Naciones Unidas, ONU, calificó de alarmante el negocio ilegal del oro que tienen las guerrillas y las bandas criminales en Colombia, no solo por el grave deterioro del medio ambiente, sino también por el monto del lavado de dinero que se hace a través del mismo, que supera los 970 millones de dólares, suma de recursos que, afirma, pierde el gobierno colombiano y que podría invertirse en vías, colegios, hospitales o bienes de servicio público.

Según lo advierte el organismo internacional, a través de su representante de la Oficina contra la droga y el delito en Colombia, Bo Mathiasen, “este oro ilegal muchas veces, fue comercializado y lavado, para financiar a grupos armados ilegales y de esta forma servir de combustible para la violencia y el conflicto” en el territorio colombiano.

Por esta razón, la ONU urge continuar fortaleciendo la cooperación internacional para generar mayor capacidad de investigar, castigar y mitigar el impacto negativo del crimen organizado, el lavado de activos y la minería ilegal, para que los recursos de los ciudadanos generen beneficios para el país y no se utilicen para fortalecer el crimen organizado y a los grupos armados ilegales que están detrás de estos negocios”.

En un informe publicado en la web de la ONU Colombia, Bo Mathiasen advierte que “en la comercialización se ve incidencia del crimen organizado, pues genera operaciones de comercio exterior para dar apariencia de legalidad a millonarias transacciones para reportar ganancias y utilidades “lícitas”, supone una plataforma estructurada y con intereses específicos”.

“Existe en Colombia una lógica y una estrecha relación entre diferentes fenómenos, el crimen organizado, la minería ilegal, el lavado de activos, los grupos armados ilegales, la pérdida de ingresos para el gobierno colombiano y el deterioro del medio ambiente. En los últimos días hemos visto noticias en el país sobre el caso Goldex que, aunque se encuentra en etapa de investigación, nos permite reflexionar sobre esta dinámica”, precisa.

Señala que “la escala del caso es alarmante, alrededor de USD 970 millones, presuntamente lavados a través del negocio del oro con intereses de las estructuras del crimen organizado, es dinero suficiente que se puede invertir en vías, colegios, hospitales o bienes de servicio público. Sin interés de estigmatizar a ningún sector, este es un buen ejemplo para evidenciar el peligro y los daños que genera el lavado de dinero y su incidencia en los crímenes de cuello blanco”.

Advierte que la explotación de oro a través de minería ilegal está causando un daño irreparable al medio ambiente con consecuencias dramáticas para los ríos, bosques y vida silvestre. En lugares de explotación aurífera como Bajo Cauca, Sur de Bolívar y Atrato Chocoano se ha visto en los últimos años un crecimiento de la minería ilegal en zonas donde también hay presencia de grupos armados ilegales, subraya.

Dice que otro de los grandes riesgos del lavado de activos y los criminales de cuello blanco que están detrás de esta actividad, es que se están apropiando del comercio legal generando pérdidas por una lado para los empresarios que siguen las leyes, y por otro lado para el país al desviar recursos que debería estar recibiendo el Gobierno a través de impuestos, que pueden ser invertidos en desarrollo, salud o educación.

La minería ilegal y el lavado de activos –continúa diciendo –generan un daño desproporcionado si se compara con la mayoría de crímenes ordinarios, y aun así los criminales de cuello blanco muchas veces enfrentan penas bajas o salen libres.

Finalmente señala que “a nivel global y en Colombia es necesario continuar fortaleciendo la cooperación internacional para generar mayor capacidad de investigar, castigar y mitigar el impacto negativo del crimen organizado, el lavado de activos y la minería ilegal, para que los recursos de los ciudadanos generen beneficios para el país y no se utilicen para fortalecer el crimen organizado y a los grupos armados ilegales que están detrás de estos negocios”.