El Tribulan Supremo de Canadá legalizó este viernes que médicos puedan ayudar a morir a sus pacientes terminales y dio un plazo de 12 meses para que las autoridades canadienses formalicen la medida.
Para el Tribunal Supremo de Canadá, la prohibición del suicidio asistido es anticonstitucional porque niega “el derecho a la vida, la libertad y la seguridad del individuo”.
Hay que recordar que el suicidio asistido es ilegal desde 1993 en ese país, cuando la máxima autoridad jurídica de Canadá negó la demanda de Sue Rodríguez, una mujer que se encontraba en estado terminal y que reclamaba que se le permitiera su suicidio asistido. Esto significa que el Tribunal Supremo revirtió su propia decisión hace dos décadas.
La decisión del Tribunal Supremo ha sido aplaudida como criticada por varios sectores sociales de Canadá.
El diputado conservador Steven Fletcher, que es tetrapléjico desde 1996 y ha roto la disciplina de su partido al declararse a favor de la legalización del suicidio asistido, recordó hoy que las encuestas señalan que el 85 % de la población apoya el fin de la prohibición.
Sin embargo, Fletcher expresó su temor a que el Gobierno de Harper decida utilizar la decisión del Supremo canadiense con fines electorales y no actúe para cambiar las leyes hasta la disolución del Parlamento.
Por su parte, El grupo REAL Women of Canada, que representa a mujeres conservadoras del país, declaró la decisión como “opresiva” y dijo que el Supremo “no parece para nada preocupado sobre la opinión del Parlamento democráticamente elegido, que supuestamente representa los puntos de vista de la población”.
“La decisión del Tribunal Supremo de Canadá significa que todos los canadienses ahora son presa y vulnerables a los puntos de vista personales de nueve jueces asignados al Tribunal Supremo. Vivimos en una era problemática”, señaló REAL.
Los grupos en favor de la decisión dijeron que a partir de ahora los canadienses podrán tener la opción de decidir sobre su propia vida.
La revisión de la prohibición al suicidio asistido médico es consecuencia de las demandas presentadas por dos mujeres, Kathleen Carty y Gloria Taylor, que sufrían enfermedades crónicas degenerativas.
Carter murió en 2010 en una clínica suiza, donde el suicidio asistido es legal, mientras que Taylor falleció en 2012 a causa de una infección.
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