–Una situación similar a la que se registró con los llamados paramilitares, que tras los acuerdos con el gobierno, resurgieron y se convirtieron en lo que hoy se conocen como “bandas criminales”, puede repetirse con la guerrilla de las Farc, según lo alerta un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), de España, por encargo de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

De acuerdo con el informe presentado en Bogotá, en algunas zonas colombianas “habría tensiones y diferencias al interior de las Farc que podrían llevar a desmovilizaciones parciales y a que persistan reductos de esa organización ilegal armada en un escenario post-acuerdo”.

El surgimiento de grupos disidentes, no solo ocurrió en el caso de las autodefensas unidas de Colombia, Auc. También pasó cuando se produjo la desmovilización del grupo guerrillero M-19, en el año 1990. Entonces, unos reductos consideraron como una traición la desmovilización y decidieron continuar con la lucha armada urbana, mientras que otros se fusionaron con las Farc y el Eln.

Al efecto, el estudio señala que “en caso de no haber una oferta institucional suficiente acompañada de condiciones de seguridad, se corre el riesgo de que haya cooptación de los desmovilizados por parte de otros actores armados o que los desmovilizados terminen alimentando las dinámicas de delincuencia común y violencia urbana”.

Establece, además, que “si el Estado no llena rápidamente los vacíos dejados por una eventual desmovilización de las Farc, otros actores lo harán, especialmente si se trata de zonas estratégicas para el control de economías ilegales”.

Igualmente advierte que la implementación de los acuerdos a los que se llegue con las Farc en algunas zonas puede enfrentarse con poderes locales de facto que se oponen al proceso de paz.

Dice que dependiendo de lo que se acuerde sobre zonas, tiempos y disposición final de las armas entregadas habrá mayor o menor riesgo de proliferación de armas cortas y ligeras y reciclaje por parte de otros grupos armados.

En un escenario post-acuerdo –subraya –pueden salir a la superficie muchos conflictos sociales que han estado invisibilizados por el conflicto armado o pueden surgir nuevos conflictos producto de la implementación de los acuerdos.

El estudio, titulado “La dimensión humanitaria tras los acuerdos de paz: propuestas para la comunidad internacional en Colombia”, precisa que mientras las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc avanzan lentamente en La Habana, en Colombia la violencia sigue cobrando víctimas, continúan los desplazamientos masivos y siguen cayendo víctimas por las minas sembradas en las zonas rurales.

En conclusión, la investigación afirma que tras dos años de diálogos de paz, la situación humanitaria en Colombia continúa siendo grave.

“Algunos indicadores han mejorado levemente pero la mutación en las estrategias de los actores armados en el territorio hace que situaciones como las de restricciones a la movilidad o las presiones y control social sobre las comunidades hayan aumentado. Es unánime la percepción de que el período inmediatamente posterior a un acuerdo de paz podría ser muy complicado en materia humanitaria y de derechos humanos”, puntualiza el informe.

Agrega que la respuesta y capacidad del Estado colombiano para la atención a las víctimas han crecido durante este período, pero aún subsisten carencias derivadas de las dificultades de acceso a zonas con fuerte presencia de otros grupos armados, y a la escasa presencia del Estado en aquellos territorios.

La existencia de brechas de asistencia y protección humanitaria es evidente en ciertas zonas, continúa diciendo. Esta realidad justifica y legitima la presencia internacional en el ámbito humanitario que puede dar un valor agregado, no sólo en términos de acceso, sino de asistencia y protección en torno a principios claros y sin sesgo político.

La presencia territorial, experiencia y saber hacer de la comunidad humanitaria, son fortalezas que deben aprovecharse en el proceso de transición ampliando el trabajo con las instituciones públicas y privadas colombianas, y fortaleciendo sus capacidades.

CIFRAS DEL INFORME

Estos son algunos datos específicos contenidos en el informe:

• Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, al menos 347.286 personas fueron desplazadas en Colombia. Esto significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones con las Farc en La Habana, cada mes, cerca de 15.100 personas son forzadas a abandonar su lugar de origen como consecuencia del conflicto y la violencia. Cerca de la mitad de los desplazamientos en este período (48%) fue producto de las acciones de las Farc y el Eln, mientras que los GAPD (“bacrim” en el lenguaje oficial) generaron uno de cada cinco desplazamientos (19%). Teniendo en cuenta los tiempos estipulados por Ley para la toma y valoración de declaraciones, OCHA estima que la cifra total de desplazados en los dos primeros años del proceso puede ascender a más de 454.000 personas (noviembre 2012- junio 2014), es decir, que se mantendrían los niveles del período 2010-2012 cuando se desplazaron 460.564 personas. Por su parte, los desplazamientos masivos (más de 50 personas o 10 familias en un único evento) han disminuido un 34% durante las negociaciones.

• Entre enero de 2013 y noviembre de 2014, 1.4 millones de personas sufrieron limitaciones de movilidad que restringieron su acceso a bienes y servicios indispensables para su supervivencia. De este total, para una de cada cinco personas las restricciones duraron más de una semana y afectaron su acceso a al menos tres servicios básicos, lo que según criterios de OCHA configura una situación de confinamiento (OCHA, 2014). Las causas más comunes de estas restricciones son las hostilidades, amenazas o limitaciones impuestas por los grupos armados no estatales, presencia y uso de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, bloqueos de vías y alteraciones del orden público en el marco de protestas sociales. Según el análisis de OCHA, entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014 el número de víctimas de minas antipersonal y munición sin explotar disminuyó un 38%, en comparación con el período comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2012.

• Aunque no se cuenta con información oficial sobre el número de niños y niñas involucrados con grupos armados no estatales, entre enero de 2013 y octubre de 2014 cerca de 570 niños, niñas y adolescentes desvinculados ingresaron a programas especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esto significa que cada mes al menos 26 niños y niñas se desvincularon de grupos armados no estatales. En el año 2013 las Naciones Unidas pudieron verificar 81 casos de reclutamiento y uso de menores por grupos armados en 25 de los 32 departamentos de Colombia, lo que evidencia la dispersión geográfica de esta problemática. En el 71% de los casos las Farc son el actor armado responsable y en el 21% de los casos es el Eln. Estos casos se suman a los 343 casos de niños/as que en 2013 ingresaron al programa de desvinculados del ICBF.

Debido a la falta de información, la extensión y magnitud de la violencia sexual basada en género en el marco del conflicto, esta problemática es difícil de estimar. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014 fueron registradas 548 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, 88% de las cuales fueron mujeres. Niños, niñas y adolescentes constituyen el 27% de las víctimas.

• Entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014 se registraron más de 1.400 acciones bélicas que afectaron a 25% de los municipios del país. Las acciones bélicas (principalmente combates y hostigamientos) se concentraron en el norte del Cauca, Arauca, la región del nudo de Paramillo, la antigua zona de distensión en Caquetá, la costa pacífica y la región del Catatumbo. En contextos urbanos, los Grupos Armados Post Desmovilización- GAPD (llamados “bacrim” en el lenguaje oficial) y estructuras armadas locales no identificadas suelen ser los principales protagonistas de la violencia armada. Según datos de OCHA, se estima que en los dos primeros años del proceso de paz con las Farc el número de acciones armadas ha disminuido en un 34% con respecto al período comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2012.

• Hasta su declaratoria de cese unilateral de hostilidades, las Farc eran el actor con mayor participación en las acciones bélicas (52%), asociadas tanto a acciones unilaterales como a combates con la fuerza pública. Aun así, la participación de otros grupos armados en las acciones bélicas, incluyendo al Eln y los GAPD, se acerca al 48%.

OTROS APARTES DEL INFORME

Explosivos remanentes de guerra

El uso y la contaminación por explosivos en Colombia siguen causando muertes, heridas graves e impactos sobre la salud mental de las víctimas, sus familias y comunidades, así como consecuencias socioeconómicas que afectan a miles de personas en zonas rurales, dado que es una de las principales causas de las restricciones a la movilidad y de acceso a servicios básicos.

Los grupos armados no estatales persisten en el uso de este tipo de artefactos para proteger cultivos de coca, corredores estratégicos y para disuadir o frenar operaciones militares en su contra. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, se registraron 644 víctimas de MAP/MUSE según cifras oficiales (40% de los cuales son civiles), lo que significa que cada día una persona (militar o civil) es víctima de estos artefactos explosivos. Los niños, niñas y adolescentes representan el 37% de las víctimas civiles.

En este período, cinco departamentos (Antioquia, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo) han concentrado el 67% de las víctimas.

Dado que las guerrillas son los principales responsables de la siembra de minas antipersonal, es de esperar que un acuerdo de paz con las FARC-EP reduzca de manera significativa la colocación de este tipo de armas. No obstante, las minas ya sembradas en buena parte del territorio nacional, seguirán representando un factor de riesgo para la población civil por varios años aún después de la firma de un acuerdo.

Violencia sexual basada en género

La violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado ha sido una práctica recurrente, sistemática y generalizada en Colombia y una de las más invisibles del conflicto. En muchos casos las víctimas no denuncian por miedo a represalias, estigmatización, falta de credibilidad en las instituciones y altos niveles de impunidad. Debido a la falta de información, la extensión y magnitud de esta problemática es difícil de estimar. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014 fueron registradas 548 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, 88% de las cuales fueron mujeres. Los niños, niñas y adolescentes constituyen el 27% de las víctimas.

Otros problemas humanitarios

La problemática de las personas víctimas de desaparición forzada, que debería ser uno de los asuntos de más obvio abordaje en los diálogos de paz, sigue sin tratarse. Según el CICR en el año 2013 hubo más de 7.500 nuevos desaparecidos con lo que la cifra de personas que seguían desparecidas a final de año era de 67.195. (CICR, 2014). Asimismo, preocupa el incremento en eventos de ataque, uso u ocupación de infraestructura y/o bienes civiles por parte de grupos armados (con un promedio de 20 eventos al mes mientras se dialoga en La Habana según datos de Monitor), así como las amenazas y violencia contra reclamantes de tierras, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este último tipo de violencia podría inclusive incrementarse en la fase de implementación de los acuerdos de paz, generando retos importantes de protección.

RECOMENDACIONES

El informe consigna las siguientes recomendaciones, como “Opciones generales”:

– Desarrollar una estrategia única de la comunidad internacional, en coordinación con el Estado, que enmarque los esfuerzos de construcción de paz, recuperación y asistencia.

Planeación conjunta entre actores humanitarios y de desarrollo que determine futuros roles y responsabilidades para mantener coherencia estratégica y operacional. Esta planeación debe responder a dinámicas y avances regionales que pueden variar significativamente.

– Seguir abogando por la inclusión de los apartados humanitarios en los acuerdos de paz y acompañar al gobierno en su implementación. El Equipo Humanitario de País, el Coordinador Humanitario, los donantes y la sociedad civil deben continuar abogando para que los temas humanitarios sean abordadas de manera explícita en los acuerdos a los que se llegue con las Farc de tal forma que haya apartados específicos sobre problemáticas como el uso y reclutamiento de niños, las personas desaparecidas, la instalación y uso de MAP/MUSE/AEI, y la violencia sexual, entre otros.

De igual forma, las organizaciones humanitarias deberían acompañar y apoyar técnicamente a las instituciones nacionales en la implementación de acuerdos sobre temáticas humanitarias.

– Fortalecer las capacidades institucionales a nivel local. Se hace necesario hacer esfuerzos adicionales para fortalecer a la institucionalidad local (a través de recursos humanos, técnicos y financieros), especialmente en zonas con fuerte presencia de las Farc.
En relación con la incorporación de aspectos humanitarios en el trabajo post acuerdo

– Acompañar al gobierno en la implementación temprana de compromisos a los que se llegue en materia humanitaria y prestar especial atención a que la protección de los derechos humanos, la situación humanitaria y las víctimas sean ejes centrales de la cooperación internacional en un escenario post acuerdo.

– Buscar una mayor coherencia y articulación de las actuaciones de la cooperación internacional. Compartir los documentos de diagnóstico y análisis entre las diversas agencias humanitarias, de desarrollo y de construcción de paz, evitando duplicidades.

– Elaborar conjuntamente un documento del tipo de Post Conflict Needs Assessment (PCNA) y plasmarlo junto con el gobierno en una matriz de resultados para la transición (Transitional Results Matrix- TRM) o documento similar.

– Fortalecer el trabajo en recuperación de medios de vida en zonas con presencia histórica de Farc en donde el sustento de la población depende de actividades ilegales relacionadas con la presencia del actor armado.

– Impulsar el trabajo en preparación ante emergencias por parte de los actores implicados, incluyendo la creación y/o fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, planes de contingencia ante posible escalada de la violencia en algunas zonas y fomento de la resiliencia.

– Aprovechar el conocimiento del terreno de las organizaciones humanitarias al diseñar intervenciones de desarrollo o construcción de paz en las regiones, de tal forma que haya continuidad en las intervenciones y se eviten posibles impactos negativos (acción sin daño).

– Apoyar/asesorar técnicamente a los actores de desarrollo y a las instituciones nacionales para que ajusten su programación de forma que puedan responder a necesidades humanitarias residuales y se preparen para eventuales deterioros de la situación.

En relación con el acompañamiento y la relación con el gobierno y las instituciones locales

– Fortalecer la coordinación con las instituciones del Estado. Explorar modelos de coordinación con las instituciones locales con el fin de fortalecer y facilitar el traslado de conocimientos, estándares y capacidades de los actores humanitarios hacia las instituciones. Estudiar el traspaso de los aprendizajes de la arquitectura humanitaria y su adaptación a una nueva situación

– Apoyo técnico a las entidades estatales. Formación conjunta y acompañamiento en procesos de retorno, reubicación y desminado humanitario. Incrementar la coordinación y coherencia entre las agendas del Equipo Humanitario de País/locales y las prioridades institucionales para la atención a víctimas. Promover la implicación de actores nacionales en los mecanismos de coordinación existentes (clústeres, equipos humanitarios locales)

– Organizar “equipos de respuesta rápida” para actuar de modo oportuno en casos de agravamiento de situaciones humanitarias.

– Apoyar la presencia de las instituciones de asistencia y protección del Estado en zonas en las que hasta ahora han tenido el acceso limitado, garantizando el respeto a los principios humanitarios.

– Fortalecer el trabajo en coordinación civil-militar desde la perspectiva humanitaria previendo el rol protagónico que en un escenario post-acuerdo pueden asumir las FFMM proveyendo seguridad. Seguir estándares y orientaciones internacionales en la materia.

– Apoyar la innovación en materia humanitaria para un país de desarrollo medio y con capacidades instaladas.

En relación con el monitoreo y verificación de los avances humanitarios

– Desarrollar herramientas de manejo de información, compartidas por todos los actores y las autoridades, que permitan un mejor monitoreo de la situación humanitaria, especialmente frente a dinámicas de afectación que hoy en día no es posible reflejar adecuadamente (restricciones a la movilidad y al acceso humanitario, control social, etc). Los clústeres y los Equipos Humanitarios tanto a nivel de país como locales deben apoyar ese proceso.

– Alertar sobre situaciones de riesgo y eventuales incrementos en las necesidades humanitarias y de protección así como vacíos en la atención. Poner de manifiesto disminuciones en las vulnerabilidades de la población, que acompañadas en el aumento de las capacidades institucionales, constituirían un indicador útil para decidir una eventual disminución de la presencia humanitaria.

– Enfatizar los análisis sobre la evolución de conflictos en núcleos urbanos y su impacto humanitario. Hacer seguimiento de las nuevas formas de violencia y de la actuación de nuevos grupos/estructuras armadas.

– Identificar las capacidades de respuesta del conjunto de actores nacionales e internacionales con atención a sinergias y lagunas.

En relación con el apoyo a la sociedad civil y sus organizaciones

– Acompañar y orientar a las víctimas, sus organizaciones y comunidades en el conocimiento de sus derechos y el acceso a asistencia y protección.

– Acompañar a grupos poblacionales con necesidades de protección específicas (retornados, desmovilizados, líderes comunitarios, representantes de víctimas, defensores de derechos humanos).

– Fortalecer capacidades locales de respuesta en las zonas más afectadas y transferir el conocimiento humanitario internacional a las organizaciones comunitarias.

– Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de base y promover la participación de las comunidades en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos humanitarios.
Fomentar su participación en los espacios de coordinación humanitaria a nivel local.

– Fortalecer los procesos de formación y fortalecimiento de capacidades (en análisis de necesidades, gestión de proyectos, etc.) dirigidos a las organizaciones sociales y comunitarias contrapartes que operan fondos humanitarios.

En relación con la financiación humanitaria

– Mantener o incrementar los fondos ERF (Fondo de Respuesta de Emergencia) para cubrir brechas en la respuesta durante la transición.
– Incorporar aspectos humanitarios en los posibles fondos para el posconflicto (Multipartner Trust Funds, Peacebuilding funds o similares)

NOTA DE LA REDACCION

Sobre el autor del estudio

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), creado en el año 2000, tiene su sede en Madrid. Se constituye como una iniciativa privada que agrupa a un conjunto de especialistas en los ámbitos del estudio de los conflictos, y la cooperación con especial énfasis en la ayuda humanitaria, con una amplia experiencia acumulada en diversas áreas temáticas y geográficas, tanto desde una perspectiva docente como investigadora, desarrollada en centro académicos y de análisis nacionales y extranjeros. Unen a ello una experiencia y enfoque práctico con mucha experiencia en ONG y otros organismos de cooperación.