Un fiscal federal de Argentina imputo cargos a presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación sobre el atentado antisemita de 1994, de acuerdo con la denuncia interpuesta por el fiscal Alberto Nisman, muerto hace casi un mes, en hechos que aún no han sido esclarecidos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió imputar este viernes a la Presidenta de la Nación, al canciller Héctor Timerman, al piquetero Luis D’Elía y al diputado Andrés Larroque por la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte.

Kirchner, de 61 años, podría ser citada a dar una declaración indagatoria, presencial o por escrito si el juez que lleva este caso, Daniel Rafecas, así lo decide.

En el escrito presentado por Pollicita, señaló una serie de medidas que no incluyen pedidos de indagatoria para los acusados, que sí había pedido Nisman. Además, ordenó el secreto de sumario y la desgrabación de las 5.000 horas de escucha que hizo el titular de la UFI-AMIA en su investigación.

El fiscal federal atendió la denuncia que había interpuesto el asesinado fiscal Nisman sobre un supuesto encubrimiento de la mandataria en el atentado terrorista con coche bomba, que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina–AMIA– el 18 julio de 1994, en el que estarían involucrados grupos fundamentalistas iraníes.

Así, Pollicita decidió darle curso a la acusación y requirió numerosas medidas de prueba para que se inicie de hecho una pesquisa al respecto.

En el documentó, Gerardo Pollicita, Fiscal titular de caso señala que “corresponderá en lo sucesivo iniciar la pertinente investigación con miras a comprobar, en base a los elementos de convicción que se vayan incorporando y siguiendo los lineamientos del art. 193 del ordenamiento de forma, la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables”.

“En principio, resultan imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones la Sra. Cristina Fernández de Kirchner –Presidenta de la Nación-, los Sres. Héctor Marcos Timerman –Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -, Andrés Larroque –Diputado Nacional-, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia –ex Fiscal Federal-, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche y un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado”, detalla el fiscal.

“Esta confabulación habría sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, según refiere la denuncia, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 incisos 1 y 3, 241 inciso 2 y 248 del Código Penal de la Nación)”, continúa en su resolución el fiscal Pollicita.

La denuncia de Nisman, hecha el 14 de enero, posee escuchas donde se habla de las relaciones del Gobierno con Irán.

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial.

Cabe resaltar que la comunidad judeoargentina es la más numerosa de América Latina y la quinta mayor del mundo.

La Justicia argentina informó este martes del hallazgo de ADN distinto al del fallecido fiscal Alberto Nisman en su casa y ordenó realizar un cotejo con una muestra genética de una persona cuya identidad se mantiene en reserva.

“El perfil genético distinto al de Nisman se ignora aún a quién corresponde”, dijo la jueza Fabiana Palmaghini, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial.

Nisman tenía 51 años cuando apareció muerto en circunstancias todavía no esclarecidas el 18 de enero, en el baño de su apartamento en el lujoso sector de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza y en su mano derecha con una pistola calibre 22 que le había pedido a un colaborador suyo, Diego Lagomarsino.

Cuatro días antes, el fiscal había acusado a la presidenta de encubrir a exgobernantes iraníes, entre ellos al expresidente Ali Rafsanjani, de organizar el ataque explosivo de 1994 con 85 muertos y 300 heridos en el edificio de la mutual judía AMIA.

El ADN podría pertenecer a alguien desconocido aún en la causa, a un policía, a funcionario judicial, a la madre que encontró a su hijo muerto, a Lagomarsino, que lo visitó la víspera para llevarle el arma, o incluso a algún custodio.

La jueza Palmaghini dispuso “la obtención de muestra de perfil genético y su posterior cotejo”.

– Un colaborador en la mira –

La fiscal Viviana Fein ha indicado desde el principio de la investigación que el caso pudo ser un homicidio, un suicidio o un suicidio inducido.

Lagomarsino, despedido el lunes por la fiscalía al considerar que “no trabajó” como debía a las órdenes de Nisman, es el único imputado hasta ahora en la investigación por el delito de prestar un arma a quien no tenía permiso de usarla.

La muestra de ADN fue tomada de una taza de café, que pudo haber usado Lagomarsino cuando llevó el arma a la casa de Nisman, por lo cual el colaborador podría ser citado para el cotejo del perfil genético, según el portal Infojus, del ministerio de Justicia.

El gobierno sostiene que Lagomarsino es un agente de Antonio ‘Jaime’ Stiuso, poderoso exjefe de los servicios de inteligencia destituido en diciembre tras revistar 42 años entre los espías y ser estrecho ayudante de Nisman.