El Presidente Juan Manuel Santos aseguró este martes que “la justicia no puede ser obstáculo para conseguir esa paz, que es el bien supremo de cualquier sociedad”.
Durante la firma del Decreto Reglamentario de la Ley de Alternativas de Financiamiento de la Rama Judicial en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado enfatizó que “la justicia –y solo la justicia–, en medio del respeto ciudadano y de legítima autoridad, es la que puede garantizar la protección de las libertades individuales y de los derechos colectivos, como cimientos de la paz”.
El Mandatario se refirió a la décima estrofa del Himno Nacional, la cual reza: “La independencia sola el gran clamor no acalla. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad”.
Con base en este fragmento del Himno, el Presidente Santos aseguró que “¡nada más cierto! No basta con la independencia. No basta ni siquiera con la paz, si ésta no se construye sobre la justicia”, y sustentó: “Respetar el derecho de las víctimas a la justicia y al mismo tiempo conseguir la paz… ¡Ese es el gran reto!”.
La propuesta del expresidente Gaviria
El Mandatario también se refirió a lo planteado por el expresidente César Gaviria, en el sentido de que la justicia transicional debería abarcar a todos los sectores que, de una u otra forma, hayan tenido relación con el conflicto interno.
El Jefe del Estado señaló que “las recientes opiniones del expresidente César Gaviria contienen puntos de vista valiosos”.
Añadió que “es cierto que hay responsabilidades en el conflicto que van más allá de los combatientes directos y que deben ser examinadas dentro del marco de la Justicia Transicional”.
El Presidente Santos indicó que se viene presentando “una enorme acumulación de procesos penales que dificulta en grado sumo la labor de la Justicia. Y ese exceso acaba favoreciendo la impunidad”, y anotó que por ello “debemos buscar soluciones más adecuadas, sin desmedro de los derechos de las víctimas”.
En este orden de ideas, el Mandatario reiteró que “buscar ese equilibrio entre justicia y paz –al que me he referido– es una tarea esencial no solo para el Gobierno sino para la sociedad entera”.
Explicó que “esa visión ampliada de la cobertura de las soluciones jurídicas, por tanto, es totalmente compatible con la posición invariable del Gobierno sobre la necesidad de impedir la impunidad”.
Sin embargo, dejó claro que “no hay lugar a una amnistía general. Eso está por fuera de toda consideración” y agregó que “las penas alternativas que lleguen a considerarse deben ser penas efectivas, auténticas, y no simples simulacros”.
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