–Un niño con síndrome de Parry-Romberg, estudiante de séptimo grado, que era víctima de «matoneo» o «bullying» por parte de las directivas, profesores y alumnos del Colegio Winchester, ubicado en la localidad de Suba, recibió medidas de protección a través de una acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo regional Bogotá.

El Juzgado 21 Penal Municipal con Función de Conocimiento dictó medidas provisionales para que se garantice el derecho a la educación del menor de 12 años, quien padece el síndrome de Parry-Romberg, consistente en una atrofia de los tejidos blandos en una mitad de la cara, situación que le ha significado el rechazo de las directivas de la institución donde se encuentra matriculado, así como la burla y agresiones permanentes de sus compañeros.

La discriminación llegó a tal punto que para el inicio del año escolar, el colegio Winchester decidió no recibirlo, lo cual motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo, que invocó el respeto a los derechos fundamentales de la dignidad humana, la educación, la igualdad y la salud.

La Defensoría del Pueblo indicó que a través de su Regional en la capital de la República decidió intervenir en el caso y luego de entrevistarse con el menor de edad, su acudiente y el rector del colegio, decidió acudir a las vías legales y constitucionales en representación del adolescente, habida cuenta del inicio del calendario escolar y la decisión de impedir su ingreso a clases.

Agregó que al acoger las peticiones de la Defensoría, el Juez de Conocimiento consideró urgente y necesario dictar medidas provisionales para ordenar al representante legal del colegio, garantizar sin condicionamiento alguno al ingreso del menor al aula de clase, para que reciba su educación de forma normal, bajo los postulados que impone ese derecho fundamental, y con las disposiciones necesarias para impedir que el estudiante sea objeto de burlas y demás actos discriminatorios por parte del conglomerado escolar.

La Defensoría Regional Bogotá envió un equipo interdisciplinario para verificar el cumplimiento de las medidas provisionales y la protección a los derechos del adolescente.