La sala penal de casación de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la orden de captura en contra de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, investigada por el ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá, proferido el 19 de diciembre por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Con el fin que cumpla la medida de aseguramiento en el marco del segundo proceso que se le adelanta por su presunta participación en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República, la Corte de ratifica en que la funcionaria deberá permanecer privada de la libertad mientras se concluye el proceso condenatorio.

La funcionaria, de la que las autoridades desconocen su paradero desde hace 5 meses, ha incumplido estas citas con la justicia y podría ser declarada en “contumacia” (rebeldía, cuando un procesado se niega a comparecer en un juicio).

EL alto tribunal tomó la decisión al considerar que: “la orden de captura No. 120 expedida el 23 de diciembre de 2014 por el Juzgado 60 Penal Municipal de Control de Garantías de esta ciudad se mantiene vigente, por cuanto tiene como finalidad «cumplir medida de aseguramiento impuesta en data 07 de julio de 2014 por parte del Juzgado 49 Penal Municipal con Punción de Control de Garantias y, y el recurso que se impuso contra esa medida, se concede en el efecto devolutivo, conforme lo prevé el Núm. 1°. del artículo 177 de la ley 906 de 2004”.

Liliana Pardo Gaona desde julio de 2014, fecha en la cual recibió libertad por parte de una juez de garantías, abandonó su residencia y no volvió a presentarse ante el estrado para responder por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales como autora, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que desde el Instituto de Desarrollo Urbano, entre 2007 y 2010 se presentó un descalabro presupuestal a las arcas de Bogotá, por la suma más de dos billones de pesos, cuando se abrió la contratación para la tercera fase del transporte masivo Transmilenio, malla vial y valorización para obras en Carrera Décima, Calle 26, y Carrera Séptima.

El relato indica que la dirección del IDU dio luz verde al manejo irregular de anticipos, brindando beneficio a terceras personas y sumado a ello en ningún momento realizó consultorías permitiendo así que los contratos se cancelaran dos veces.

Liliana Pardo junto con su jefe técnico se aprovecharon de las facultades de su cargo para para elegir a los contratistas de obras millonarias, omitiendo los retrasos de las obras en beneficio de terceros.

Para las contrataciones y las interventorías se presentaban las mismas personas, sin que el IDU negara esas actuaciones. Tampoco el Instituto hizo cumplir las fechas de inicio y terminación de obras, lo cual producía siempre atraso.