La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró culpables  a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,  María del Pilar Hurtado, y al exsecretario de Presidencia, Bernardo Moreno, por el polémico caso de las chuzadas a periodistas, políticos y figuras públicas que se dieron bajo el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para la Alta Corte resultó claro que tanto Hurtado como Moreno dieron las órdenes para adelantar seguimientos e interceptaciones ilegales en contra periodistas, magistrados, políticos y figuras públicas  y «usar el DAS para propósitos diferentes al de inteligencia, lo que  provocó arbitrariedades e injusticias»,  así lo precisó precisó el magistrado Fernando Castro durante la lectura  del fallo.

«Actividades como la obtención de expedientes en la Corte Suprema nada tenía que ver con la protección de la seguridad nacional, tampoco con establecer los vínculos de magistrados con el narcotráfico para revestir de legalidad el procedimiento del DAS», explicó Castro

También se determinó que María del Pilar Hurtado deberá seguir detenida por su conducta evasiva, mientras Moreno  permanecerá  en libertad mientras se realiza la nueva audiencia que será el próximo 5 de marzo y en donde se definirá la pena que pagarán cada uno.

Pese a que aun no se ha establecido los años de condena, la Fiscalía ha afirmado que Hurtado podría tener una rebaja en la pena si llega a colaborar con la justicia. Precisamente sobre esto, su abogado, Jaime Camacho, afirmó que en caso de que haya colaboración, esta únicamente se plantea en términos de decir absolutamente la verdad, cualquiera que ella sea.

«Lo que le he oído al Fiscal general es que se traerían los beneficios de la ley 600 del código de procedimiento penal anterior», manifestó el jurista.

María del Pilar Hurtado se entregó a las autoridades panameñas el pasado 31 de enero del año en curso, luego de conocer la decisión de la Interpol de tramitar una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia colombiana.

Inmediatamente fue entregada a las autoridades colombianas y traslada a Bogotá, donde el Tribunal Superior legalizó su captura y ordenó su reclusión en los calabozos del bunker de la Fiscalía General de la Nación.

La orden de captura fue emitida en mayo de 2011 como autora de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones agravado, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.

Según el fiscal Montealegre se tienen pruebas contundentes contra la ex directora del D.A.S por las interceptaciones ilegales en contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición en Colombia y defensores de derechos humanos.