El horror de los descuartizamientos y las desapariciones que asolan a Buenaventura continúan pese al refuerzo militar enviado hace un año por el presidente Juan Manuel Santos, denunció este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW).

Esa conclusión está en un informe presentado este miércoles en Buenaventura (Valle del Cauca) por el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, y el experto sobre Colombia de la organización Max Schoening, quien destacó que los atropellos contra la población persisten en la impunidad.

Esta ciudad, que alberga el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, vive asediada por bandas criminales dedicadas al tráfico de armas y drogas que se disputan a sangre y fuego el control de su privilegiada salida al océano, mientras en la zona rural de las afueras opera la guerrilla de las Farc.

La población, que en su mayoría (80 %) vive en la pobreza, es víctima de extorsiones, secuestro, violencia sexual, desapariciones y torturas a las que, según se descubrió hace un año, se suman las llamadas “casas de pique”, precarias viviendas en las que la delincuencia descuartizaba a personas.

El escándalo indignó al país y provocó que Santos reaccionara con un plan especial de seguridad que consistió en el envío de 700 policías, soldados e infantes de marina a la zona, a la que también llegó un refuerzo de fiscales para acelerar las investigaciones.

Sin embargo, 12 meses después las autoridades no han logrado acabar con el “horror sin límites”, como lo definió entonces HRW, que padece esta ciudad de medio millón de habitantes.

“Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”, asegura Vivanco en el informe.

Pese a que las cifras oficiales muestran que en Buenaventura bajan los homicidios y los descuartizamientos, la ONG destaca el aumento de desapariciones, que en muchas ocasiones esconden más asesinatos.

“Los casos de desaparición forzada no se registran como homicidios a menos que aparezca el cuerpo, pero todos sabemos que en la gran mayoría, si no en todos los casos de desapariciones forzadas que ocurren en Buenaventura, las personas son asesinadas brutalmente y muchas veces son desmembradas”, explicó Schoening.

Por eso, añade este experto, aunque la baja en la tasa de homicidios es “un avance que debe reconocerse”, se debe tomar con cautela.

Según datos de la Fiscalía, durante 2014 se registraron 44 desapariciones, cuatro casos más que el año anterior; de todos ellos, 35 personas desaparecieron en el periodo posterior a la intervención estatal.

HRW matiza que esos 44 casos “son sólo una muestra” de la cantidad real de desapariciones, pues en muchos casos los familiares de las víctimas “no denuncian por las represalias”.

Para investigar este asunto trabaja un solo fiscal, apunta el informe, que califica de insuficiente los medios teniendo en cuenta que ese funcionario debe gestionar más de 400 expedientes.

Mientras tanto, al menos 13.682 residentes han abandonado sus casas desde que inició el plan especial de seguridad, lo que hace que Buenaventura vaya en camino de registrar “el nivel de desplazamiento forzado más elevado de Colombia por cuarto año consecutivo”, según HRW.

También persisten los descuartizamientos. Entre 2014 y lo corrido de 2015 se han hallado 20 cuerpos desmembrados, 16 de los cuales fueron encontrados después de que Santos anunciara la intervención, según datos del Instituto de Medicina Legal.

HRW cree que existen “motivos fundados” para pensar que más personas han sufrido esta práctica desde el refuerzo de la seguridad, ya que las bandas criminales han asegurado a los familiares de varios desaparecidos que sus seres queridos han sido “picados”.

“Todos los abusos contra la población siguen. En esa realidad de terror y crueldad no ha habido un cambio significativo”, afirma Schoening.

En Buenaventura siguen actuando principalmente las bandas criminales de Los Urabeños y La Empresa, pese a las numerosas detenciones, unas 280, que en estos doce meses se han producido en su contra, otro avance que la ONG valora.

EFE