Mincomercio evitó otorgamiento de $15 mil millones en pesiones a magistrados de Bolívar
El Consejo Superior de la Judicatura revocó orden de arresto y aclaró que la Ministra de Comercio, Industria y Turismo no incurrió en desacato.
El Gobierno Nacional, por medio de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, emprendió todas las acciones jurídicas para proteger los recursos de los colombianos.
Por esta actuación, el caso llegó al Consejo Superior de la Judicatura que, en Sala Extraordinaria, revocó la orden de desacato impartida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que ordenaba el pago en favor de 11 pensionados de la liquidada empresa Alcalis de Colombia, cuyo pasivo se encuentra a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Además, la Sala ordenó investigar a los magistrados de Bolívar y a los peritos que multiplicaron el pago de las pensiones a los mencionados ex funcionarios.
Este caso tuvo al borde de la cárcel a la ministra Álvarez-Correa, porque se consideró que había desacatado la orden de tutela del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que ordenaba pagar esos millonarios recursos.
“Nuestro deber como funcionarios públicos es proteger los recursos de los colombianos. Lo fácil hubiera sido pagar, pero no era lo responsable”, afirmó la Ministra.
Este caso tiene como antecedente la acción de tutela interpuesta en el año 2012 por once ex trabajadores de Alcalis de Colombia ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, solicitando les fuera indexada la primera mesada, de pensiones reconocidas entre los años 1988 y 2003.
El Decreto 2601 de 2009, delegó en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el pago de las obligaciones relacionadas con el pasivo pensional de los ex trabajadores de la liquidada empresa Alcalis de Colombia. En mayo de 2013 el Ministerio procedió a pagar la suma de $1.028 millones, dando cumplimiento al fallo de la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.
El Consejo Seccional de la Judicatura nombró peritos para que se hiciera una nueva liquidación, la cual arrojó la suma de $15.424 millones, peritaje éste que fue objetado por el Gobierno, con lo que se procedió a un segundo peritaje que dio como resultado la cifra de $11.506 millones.
El caso fue, oportunamente, puesto en conocimiento de los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que realizaran las gestiones que consideraran pertinentes.
