De acuerdo con un estudio realizado por la Contraloría General de la República sobre el despojo y abandono de tierras en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, particulares se apropiaron de terrenos baldíos de la Nación que pertenecían a persona desplazadas por la violencia. Para el organismo de control, el municipio de Mapiripán dejó sin medidas de protección a sus predios rurales por más de 10 años.

El organismo de control evidenció que gran parte de las matrículas inmobiliarias de los predios rurales de este municipio, escenario de una cruenta masacre en julio de 1997, fueron apropiadas de manera ilegal a través de la inscripción de mejoras en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Además, el organismo encontró que predios baldíos eran registrados por particulares a través del código registral conocido como falsa tradición o venta de mejoras que finalmente, por apertura de nuevos folios derivados o de sucesivas anotaciones (en varios casos también por procesos de sucesión), terminaban legalmente constituidos como una plena propiedad, siendo incluso objeto de procesos judiciales de pertenencia, transgrediendo la legalidad.

Según la Contraloría los predios “baldíos” eran registrados con presunta “incidencia disciplinaria”, en cabeza del INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Alcaldía de Mapiripán, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martin de los Llanos (Meta).

La revisión que adelantó la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario indica que las medidas de protección sobre los predios en Mapiripán han sido tardías, teniendo en cuenta no solo las masacres ocurridas desde 1997 y los consiguientes procesos de desplazamientos intensivos, sino también las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005.