Por:Luis Eduardo Forero
Colombia al final del 2015 no lograría cumplir el tercer objetivo de desarrollo del milenio. La participación de la mujer en puestos ejecutivos y su incorporación al mercado laboral, no se ha logrado. Desde la Constitución de 1991, el Congreso de la República ha tenido una representación femenina entre un 8% y un 13%, hoy de 208 parlamentarios hay 45 mujeres.
De 45 cabildantes en Bogotá únicamente son 9 concejalas. En la arena política regional de 32 gobernaciones, hay 3 mujeres y en las ciudades capitales sólo 4 las gobiernan mujeres. De 30 Consejeros de Estado, la tercera parte son mujeres. La Junta directiva del banco de la República de 7 integrantes, sólo hay una mujer; en las diez superintendencias únicamente dos son gobernadas por mujeres. En fin, cuatro de cada 10 entidades del
Estado no cumple con la “ley de cuotas”, indica el DAFP. En el sector privado la situación es semejante, de los presidentes de las 10 empresas más grandes de Colombia, sólo Sylvia Escovar está en la lista.
En las centrales obreras no ha habido un una Presidenta; en el Comité ejecutivo de la CUT de 23 componentes, sólo 3 son mujeres.
Discriminación laboral
La padecen mamás ejecutivas y en general las vinculadas al mundo laboral, que llevan asimismo la responsabilidad de jefa de hogar y muchas veces madre cabeza de familia. La cultura machista las vilipendia porque aunque son más capacitadas y trabajan más que los hombres , devengan menos; más del 70% de las ocupadas no está afiliada a un fondo de cesantías y el 80% no aporta a un fondo de pensiones; sólo el 58% está vinculada formalmente a un empleador; se les obstaculiza reajustes salariales y ascensos; el 61% de las mujeres devenga entre 0 y 0,5 smmlv. (ENS); la tasa de desempleo es 5 puntos más que los hombres; las domésticas, la mayoría mujeres, no celebran contrato de trabajo, están excluidas del pago de prima de servicios, y recientemente se ordenó su afiliación a Cajas de Compensación.
Dignificar su rol
El gobierno a finales de 2013 lanzó la Política Pública Nacional de Equidad Laboral que está en evaluación por parte del Ministerio de Trabajo; la CSI aboga a la OIT por un Convenio internacional sobre la violencia de género en el trabajo; Fedesarrollo reclama modificaciones a la legislación laboral; y del Congreso de la República se espera que después de cerca de 25 años desarrolle el artículo 53 de la CP, expidiendo el Estatuto del Trabajo, que en el proyecto contiene 7 artículos amparando a la mujer trabajadora. Entre tanto esa igualdad entre géneros tan urgente y tan aplazada es interés supremo de la nación.
