186 millones de pesos, deberá pagar la Nación al exjuez de ejecución de penas de Tunja, Pedro Suárez y a su familia, por los perjuicios causados a raíz de una declaración que en el año 2002 dio el exministro de justicia, Fernando Londoño, lo vinculaba con el cartel de Cali. Por este hecho, el exministro Londoño, deberá hacer una rectificación pues según el fallo, dichas acusaciones “carecieron de sustento”.

Por orden del Tribunal de Boyacá, el Ministerio del Interior debe indemnizar con $186’861.500 al ex juez Pedro Suárez Vacca por los señalamientos hechos en su contra por el exministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien lo acusó de ser un “miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”, quien según Londoño por haber concedido el beneficio de libertad condicional a los jefes del cartel de Cali”, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

Según la defensa del exjuez, “además de la reparación económica lo más importante, es la reparación moral del buen nombre de un abogado y su familia. También es de gran importancia que en este caso contribuye a destacar la autonomía de los poderes públicos, y el respecto que el Poder Ejecutivo debe tener ante los fallos del Poder Judicial”.

En el año 2002, cuando el entonces juez de Ejecución de Penas de Tunja, Pedro José Suárez Vacca, le dio el beneficio de la libertad condicional a los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, según el fallo de Suarez Vacca, “por haber redimido su pena por estudio”.

Ante la decisión, el exministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, dijo que el juez Suárez era un “miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”. Sin embargo, Londoño nunca pudo probar que lo que estaba diciendo era cierto.

Cabe resaltar que por el mismo caso se dio un primer fallo en octubre del 2010, cuando el juzgado Administrativo del Circuito de Tunja declaró responsable a la Nación y al Ministerio del Interior por los daños morales que sufrió Suárez. Por este fallo, el Tribunal ordenó pagarle 10 salarios mínimos legales vigentes a cada uno de los integrantes de su familia, al exjuez, sus hijas, esposa, padres y hermanos, para un total de 100 salarios mínimos. La decisión también le ordenó a Londoño rectificar sus acusaciones ante la opinión pública.

No conformes con el fallo de ese entonces, la defensa del juez Suárez Vacca, impugno el fallo, y ahora la nación deberá pagarle 186’861.500 pesos, equivalentes a 290 salarios legales.