El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, solicitó a los jueces acelerar los procesos contra las 36 personas que hasta ahora van capturadas por alterar el orden público durante el paro de transportadores en el país.

El jefe del ente acusador dijo que estas personas serán procesadas por cargos de daño en bien ajeno, perturbación al servicio público de transporte y obstrucción de vías.

Esta es la intervención del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, durante una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño:

“La protesta social es un derecho que está constitucionalmente protegido, hay un derecho fundamental a la protesta, pero la constitución y el ordenamiento jurídico colombiano también establece límites, se permite la protesta pero está totalmente prohibido por la constitución y el ordenamiento penal la utilización de medios ilícitos o de medios delictivos para hacer la protesta social.

Como han existido algunos desbordamientos muy graves de algunos sectores, en los cuales ha existido obstaculización de vías por medios ilícitos, ataques ilegítimos contra el servicio público de transporte y obstrucción de vías en general, la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional ha realizado en estos días, 36 capturas, por la comisión de delito de daño en bien ajeno, de perturbación al servicio público de transporte y obstrucción de vías.

Teniendo en cuenta que a pesar de las medidas que se han tomado, hay algunos grupos que quieren utilizar la violencia y medios ilícitos para la protesta social, hemos tomado varias medidas en estos días para reforzar la seguridad ciudadana.

En primer lugar, el grupo de 700 personas que se designó en el fin de semana para contrarrestar los ataques de los violentos durante la protesta social, va ser reforzado por la FGN y la Policía Nacional con 100 personas más, para que contemos con más de 800 personas, entre Fiscalía, Policía Judicial y Policía Nacional, para contrarrestar a las personas que están utilizando medios violentos y medios ilícitos para la perturbación del servicio público de transporte.

Además, hemos tomado también la decisión de solicitarle, especialmente, a los jueces de control de garantías y a los jueces de conocimiento que tienen los casos contra las 36 personas capturadas en estas últimas horas, de que esos procesos se agilicen, para que en el marco de las garantías, de todas maneras se realice una justicia pronta por todos estos temas de perturbación al servicio público.

En tercer lugar, se han logrado ya algunos resultados de inmovilización de vehículos en todo el país, porque la Fiscalía ha reiterado, en las últimas horas, a todas las seccionales del país, que vehículos que sean utilizados ilícitamente para cometer protestas que desbordan el marco constitucional y las prohibiciones penales, deben ser incautados y colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que sean objeto de un eventual decomiso o de extinción de dominio.

En cuarto lugar, también, con base en el aumento de 100 personas más en el grupo de trabajo interinstitucional que se ha conformado para la seguridad ciudadana, servidores de policía del CTI, agentes de la Policía Nacional, tienen la instrucción precisa de hacer presencia inmediatamente en el lugar de los hechos donde se estén cometiendo altercados ilícitos contra las vías públicas para que recojan las evidencias y las lleven ante los jueces, además, de que habrá con las autorizaciones legales y de la FGN, agentes especiales encubiertos para mostrar las evidencias de hechos ilícitos que están cometiendo algunas personas que están desbordando el marco constitucional legal”.

Las capturas que se han realizado en el país con ocasión del paro, son: 2 en Boyacá, 7 en Antioquia, 4 en Nariño, 3 en Caldas, 3 en Casanare, 13 en Medellín, 1 en Cali y 3 en Bogotá.