Procurador Ordoñez contra ataca; afirma que el gobierno de Santos pretende callarlo
–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado volvió a arremeter contra el presidente Juan Manuel Santos y dijo que pretende callarlo, pero reiteró que seguirá actuando con las mismas competencias y ante las mismas autoridades, porque no tiene que pedir permiso a nadie.
“La Procuraduría tiene autonomía y competencias constitucionales y en ningún momento las ha excedido”, reafirmó el jefe del Ministerio Público en un nuevo pronunciamiento que hizo desde la ciudad de Bucaramanga, reforzando lo que ayer en la mañana había señalado en un comunicado, en el cual notificó que no necesitaba pedir permiso al jefe del Estado, ni requería que el gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad o derecho para cumplir con su deber legal.
En la capital de santander, Ordoñez Maldonado señaló que “la Procuraduría actúa dentro de la Constitución y dentro de la Ley, en defensa de los derechos de las víctimas y del ordenamiento jurídico, sin excederse, sin extralimitarse”.
A instancias de los periodistas, el procurador se refirió a las críticas del Gobierno Nacional a sus advertencias frente al proceso de negociación que se adelanta en La Habana (Cuba) y a las tentativas de algunos sectores políticos e institucionales de convertir en impunidad la justicia transicional.
Al efecto, Ordoñez Maldonado afirmó que el órgano de control que preside no depende del Ejecutivo ni debe solicitar su autorización o aval para cumplir las funciones establecidas en la Constitución Nacional.
“Cuando la Procuraduría acude a los órganos internacionales a pedir no impunidad y defensa de los derechos de las víctimas, se pretende callar al procurador, pero curiosamente el mismo Gobierno auspicia a funcionarios judiciales para que acudan a los mismos órganos para que se solicite o promueva trabajo social para los crímenes atroces (…) Seguiré actuando con las mismas competencias, ante las mismas autoridades, al interior de nuestro ordenamiento jurídico y auspiciando la información que requieran las autoridades internacionales sobre la violación de los Derechos Humanos y sobre la impunidad”, manifestó.
El procurador analizó la contradicción que significa criticar que la Procuraduría advierta sobre tentativas de impunidad a la Corte Penal Internacional, mientras desde el Gobierno Nacional se promulga que no esta no existirá en futuros acuerdos de paz con el grupo terrorista FARC.
“La Procuraduría tiene autonomía y competencias constitucionales y en ningún momento las ha excedido. Si en Colombia no hay impunidad, la jurisdicción internacional no tiene ningún trabajo en Colombia (…) Yo confío en que el Gobierno no llegará a acuerdos a espaldas de las exigencias del ordenamiento jurídico nacional e internacional”, puntualizó.
“La prolongación de la guerra genera más víctimas, eso es cierto, pero a la paz no se puede llegar a cualquier precio”, concluyó.
El procurador general se reunió con más de 200 líderes comunales, civiles y veedores ciudadanos en la capital santandereana, a quienes ofreció un mensaje de trabajo en equipo para vencer el flagelo de la corrupción que tanto daño hace a la sociedad y a las instituciones.
“Los comuneros son los líderes más naturales y más auténticos porque les interesa su propia comunidad”, señaló el jefe del Ministerio Público, quien invitó a los asistentes a que acudan a la Procuraduría para que denuncien los riesgos en la ejecución de las políticas públicas. “Es obligación de la Procuraduría atender sus peticiones y actuar. Si se encuentra que se está poniendo en riesgo el patrimonio público, los derechos de los ciudadanos y el interés general, se deben hacer las advertencias. Generalmente la autoridad las escucha porque si no es así pueden tener consecuencias disciplinarias”, destacó.
El procurador proclamó la necesidad de que todos, “como un solo hombre, asumamos en el país las banderas de la lucha contra la corrupción”.
Advirtió que “uno de los grandes flagelos que hoy tiene la institucionalidad es el de la corrupción (…) Más grave que la violencia es la corrupción, lo que ahora deslegitima más nuestro ordenamiento jurídico es la corrupción”, precisó.
“Debemos comprometernos en una cruzada de restablecimiento de valores y principios, de fortalecimiento de la familia. Todas las políticas públicas deben elaborarse hoy en perspectiva de familia, si no es así no vamos a derrotar la corrupción”, agregó.
Durante la audiencia, que se prolongó por más de tres horas, el procurador general, junto a su equipo de trabajo, atendió más de 35 intervenciones de representantes de comunidades locales, regionales y veedurías, las cuales se enfocaron en peticiones de acompañamiento del ente de control a problemáticas en la ejecución de recursos públicos para entidades territoriales, mayor celeridad en las investigaciones que adelanta la Procuraduría y solicitudes de acompañamiento a nuevos casos conocidos en materia de acueducto y salud, principalmente.
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