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Gobierno y transportadores de carga retoman negociaciones para buscar un acuerdo y conjurar el paro

CAMIONEROS PARO 2–Aunque algunos dirigentes del gremio camionero habían afirmado que no reanudarían las negociaciones si no eran dejados en libertad los transportadores detenidos, el gobierno nacional confirmó que este miércoles se retoman los diálogos, que por cuarta vez se suspendieron abruptamente el día anterior por supuestos atropellos de la Policía, para tratar por enésima vez de lograr un acuerdo y conjurar el paro, que ya completa 22 días y deja pérdidas por más de 150 mil millones de pesos.

José Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, fue uno de los dirigentes que condicionó la continuidad de las negociaciones, a la libertad de 32 detenidos conductores detenidos en los enfrentamientos con la fuerza pública en desarrollo del cese de actividades,

Sin embargo, la ministra del Transporte, Natalia Abello notificó esta mañana que “la autoridad no se negocia” y añadió que las partes acordaron volver a las conversaciones para, sin más dilaciones, concluir lo que se ha avanzado en más de tres semanas de negociaciones.

Abello admitió que el cuello de botella para lograr un acuerdo es el tema de los fletes y la rebaja de los precios de los combustibles.

La Ministra señaló que en 13 reuniones y más de 140 horas de diálogo continuo y de negociaciones, se ha ofrecido a los transportadores un diálogo abierto, una clara disposición al entendimiento y la mejor voluntad para comprender sus planteamientos y problemática, pero los representantes del gremio han dilatado los acuerdos.

“Hemos ofrecido propuestas concretas, pero estos acuerdos luego de haber sido alcanzados, de manera inexplicable, no se consolidan”, señaló la funcionaria.

No obstante, la jefe de la cartera de Transporte manifestó que mantiene su disposición de tener una mesa propositiva, sobre la base del respeto a la ley y a la no violencia, con una verdadera voluntad que conduzca a conclusiones definitivas en pro y beneficio de todos los transportadores de carga.

La vispera, en rueda de prensa conjunta con los Ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Agricultura, Juan Carlos Iragorri; y el Ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, lo mismo que del Director General de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, del Fiscal General, Eduardo Montealegre y del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se anunciaron medidas para garantizar la movilidad de los transportadores que no se sumaron a la protesta y en general de los ciudadanos que transitan por las distintas vías del país.

“El servicio de transporte público no se puede interrumpir y como Gobierno tenemos la obligación de garantizar la debida movilidad en las vías, por eso hemos dispuesto todas las capacidades y la institucionalidad requerida para mantener la seguridad y transitabilidad”, advirtió la Ministra de Transporte.

Mientras tanto, el Ministro Martínez Neira indicó que “el Ejército hará presencia de manera inmediata en las vías” y añadió que el Gobierno sigue abierto al diálogo e invitó a los participantes en la protesta a que “acepten la mano tendida de las autoridades”, y subrayó que estas actuarán en defensa del bien público.

Por su parte, el Ministro del Interior anunció la instalación de una sala de monitoreo junto con la Policía Nacional, para garantizar el orden público en el país y el derecho al trabajo.

A su vez el Fiscal General dijo que se conformó un grupo de 800 funcionarios para contrarrestar a quienes están perturbando el orden público y garantizar la presencia inmediata en el lugar de los hechos con el fin de recoger evidencias y llevarlas ante los jueces.

El Director General de la Policía Nacional recordó que se estableció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes denuncien a los perturbadores del orden público.

Finalmente, la Ministra de Transporte manifestó que se mantendrá la movilidad por la vías nacionales para mantener el dinamismo de la industria, garantizando así el abastecimiento alimentario y respetando el derecho al trabajo de aquellos que no están en la inmovilización