–En una intervención ante la Corte Constitucional, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón expuso la grave situación de salud que enfrenta el departamento del Chocó y advirtió que el gobierno nacional no ha dado cumplimiento a los requerimientos que se le han formulado para garantizar un acceso pleno de los habitantes a los servicios asistenciales.

Según el contralor, el departamento del Chocó está muy lejos de superar el grave problema de salud que padece y el derecho a la misma que tienen sus 495.151 habitantes continúa seriamente amenazado.

Maya Villazón señaló que 12 municipios carecen de prestador alguno en su localidad y sólo cuatro de los 30 municipios tienen IPS pública en su territorio.

En su concepto, la Corte debe continuar la labor de exigir al Gobierno la adopción de los mecanismos adecuados para que no se continúe vulnerando el derecho fundamental a la salud en esta región del país, añadió.

Recordó que, atendiendo una solicitud de la Cámara de Representes, la Contraloría General de la República realizó un control excepcional en algunas entidades y hospitales públicos del orden municipal y departamental del Chocó, entre ellos, al Hospital Departamental San Francisco de Asís, con el fin de conocer la real situación en salud.

Este control generó 12 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia fiscal en cuantía de $14.502 millones, 7 presunto alcance disciplinario y 4 dieron lugar a Indagación Preliminar.

El texto integral de la intervención del contralor, es el siguiente:

De acuerdo con la citación que me ha sido hecha, en mi condición de Contralor General de la República, para exponer las actuaciones que se han adelantado y las que estima ejecutar la Institución para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud en ese Departamento, hace necesario recordar que las de la Contraloría General de la República se enmarcan en la función constitucional de control fiscal de los fondos y bienes de la Nación y la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, en los términos del artículo 267 de la Constitución.

En días pasados, hice llegar a esta Corporación un documento que contiene la información detallada de los últimos 5 años que ha realizado la Contraloría sobre el sistema de salud del Chocó, y las respuestas que desde esta óptica han sido requeridas por la Sala Especial de Seguimiento. Por tanto, ahora sólo haré un breve resumen de dicho documento y de los aspectos más relevantes de acuerdo con las preguntas correspondientes.

La Sala Especial pregunta:¿Cuáles son las causas identificadas por su institución, que explican las diferentes deficiencias, anomalías o hechos punibles que afectan el desempeño actual del sistema de salud en Chocó?

Para la Contraloría son:

Concentración de la red de prestadores del departamento

Cartera por la prestación de servicios de salud

El riesgo financiero de la red pública de prestadores

Debilidades en los resultados de las medidas especiales de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y

Debilidad territorial para el cumplimiento de las competencias en salud

Cada una de estas causas está explicada en el documento en mención, pero debo resaltar lo siguiente:

El hecho de que el 88% de la población esté afiliada al Sistema de Salud, no garantiza el acceso de toda la población a estos servicios, porque no todos los municipios cuentan con alguna clase de prestador y en Quibdó sólo se concentra el 23% de sus habitantes.

Se verificó el déficit en todos los aspectos de la red de prestadores de servicios de salud, que se traduce en problemas de calidad, acceso y cobertura.

La cartera de las IPS reporta importantes sumas no recuperadas.

De acuerdo con la Evaluación de la Política de Salud realizada por la Contraloría en 2014, se estableció que de las 27 intervenciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud, 17, que corresponden al 63%, fueron prorrogadas ya que no se han subsanado de fondo los hechos que dieron origen a la intervención.

En cuanto a la debilidad territorial del Departamento, vale señalar que la Auditoría a la Política Pública en Salud que realizó la Contraloría, en 2014, respecto del Departamento del Chocó, para el propio Departamento, como a los municipios de Quibdó y Riosucio, se evidenció que en estas tres entidades territoriales es prácticamente nulo el adecuado ejercicio de las competencias territoriales en materia de Inspección, Vigilancia y Control.

La Sala de Seguimiento pregunta: ¿puede considerarse que el esquema normativo e institucional contenido en la Ley 100 de 1993 fracasó en ese Departamento o que las facultades fiscales, disciplinarias o penales no son apropiadas para garantizar la adecuada prestación del servicio de salud?

Reitera la Contraloría General de la República que la oferta de servicios de salud en Chocó se concentra en su capital, Quibdó, básicamente porque es el único municipio que puede generar una demanda de servicios suficiente para que las IPS sean económicamente sostenibles, todavía 12 municipios carecen de prestador alguno en su localidad y sólo cuatro de los 30 municipios tienen IPS pública en su territorio.

Vale señalar, que en el departamento ni siquiera se dispone de ambulancias medicalizadas, únicamente hay un hospital de segundo nivel y estamos hablando de una población de 495.151.

Además, la baja cobertura del aseguramiento en salud en el régimen contributivo corresponde a la estructura del trabajo formal en el Departamento de Chocó, nivel que se mantendrá, seguramente, puesto que la condición de su afiliación que es el trabajo formal, no presentará cambios sustanciales en el mediano plazo, al no haber posiblemente, expectativas de inversión generadora de fuentes de empleo ni que las actividades en las que predomina el trabajo no formal, como la minería y la agricultura tiendan a formalizar la vinculación laboral.

En cuanto a las facultades fiscales, se considera que aun cuando la Ley 1474 de 2011 avanzó en el tema, las otorgadas a la Contraloría Generalizar de la República, para ejercer el control fiscal en salud, resultan insuficientes si se tiene en cuenta la estructura existente, la cual no nos permite ejercer el control en toda la cadena de actores que participan en el flujo de recursos del Sistema, dado que los prestadores de los servicios de salud son sujetos de las Contralorías Territoriales, lo que genera una ruptura para el ejercicio del control fiscal.

Pregunta la Sala: ¿qué tipo de seguimiento o investigaciones se han efectuado sobre la intervención del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y, en general, sobre las demás instituciones prestadoras de servicios de salud intervenidas por más de 18 meses en el país?

La Contraloría General de la República, a partir de la solicitud presentada por la Cámara de Representantes realizó el control excepcional en algunas entidades y hospitales públicos del orden municipal y departamental, entre ellos, al Hospital Departamental San Francisco de Asís del Chocó, con el fin de conocer la real situación en salud.

Este control generó doce (12) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen incidencia fiscal en cuantía de $14.502 millones, cuyo trámite se está adelantando en esta vigencia, siete (7) con presunto alcance disciplinario y cuatro (4) para Indagación Preliminar. También se estableció que, desde el 2007, este Hospital ha sido objeto de intervenciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, DASALUD, el Ministerio de Salud y Protección Social, que han decidido la intervención forzosa, el cierre de los servicios y la suscripción de un Plan de Desempeño, respectivamente.

Pregunta la Sala: ¿existe algún tipo de circular, programa, directiva o auditoría dentro de la entidad a su cargo que establezca prioridades o estrategias especiales para atender las anomalías del sistema de salud en las entidades territoriales con más altos índices de pobreza y/o enfermedad, especialmente dentro del departamento del Chocó?

La Contraloría General de la República ha dirigido sus esfuerzos a evaluar el sector salud, con énfasis en la gestión fiscal de los diferentes actores, tanto públicos como privados, y el flujo y destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con ocasión de la aplicación del Estatuto Anticorrupción, la Entidad incorporó nuevos instrumentos y diferentes tipos de actuación para el ejercicio de la vigilancia fiscal, el control fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal. En el caso del Chocó, si bien se utiliza el mismo procedimiento para el ejercicio del control fiscal, se ha priorizado este Departamento dadas las solicitudes de la Corte Constitucional, Cámara de Representantes y las condiciones de alto riesgo social y financiero.

Pregunta la Sala: ¿cuántos servidores se han encargado de esa labor y qué recursos ha invertido o ejecutado?

La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Colegiada en el Chocó, es la encargada de atender, en primera instancia, los asuntos de competencia en su jurisdicción territorial.

El valor de la nómina de esta Gerencia asciende a $265 millones mensuales. Esta planta tiene apoyo del Nivel Central de la Contraloría, para dirigir y realizar seguimiento y control a todos los procesos que se desarrollan en el nivel territorial y, además, cuando se presentan hechos que por el impacto, la trascendencia o el monto de recursos involucrados, requieren el desplazamiento de funcionarios del Nivel Central.

Pregunta la Sala: en caso de que existan actuaciones por parte de la entidad que representa ¿cuáles han sido los resultados obtenidos con su ejecución? ¿los mismos permiten concluir que en determinado lapso de tiempo podrá garantizarse el mejoramiento palpable del acceso a los servicios de salud en las zonas mencionadas y en las condiciones establecidas por este Tribunal?

Los resultados de las actuaciones de laContraloría General de la República en el departamento del Chocó en los últimos cinco años, además del control excepcional al Hospital San Francisco de Asís, se pueden resumir así:

Durante el período 2010-2014, los resultados son:

64 hallazgos fiscales, por valor de $38.786 millones, de los cuales $14.501 millones son producto del control excepcional al Hospital San Francisco de Asís.

Recuperaciones que ascienden a $6.195 millones, provenientes de Procesos de Responsabilidad Fiscal de los cuales:

$4.494 millones, corresponden a procesos de responsabilidad fiscal finalizados,

$1.688 millones en jurisdicción coactiva, y

$14 millones que cesaron por pago.

Pregunta la Sala: ¿qué plan de acción o medidas, de política pública o criminal, considera necesarias para contribuir a la superación de los obstáculos en la prestación de los servicios de salud en el departamento del Chocó, así como en los hospitales que llevan más de 18 meses de intervención y que atienden en regiones con altos índices de pobreza o en condiciones de debilidad?

La Contraloría General de la República adelantará una evaluación a la “Política Pública de Intervención y Saneamiento de las Empresas Sociales del Estado” cuyo objetivo se concentrará en el proceso de monitoreo, seguimiento, evaluación y determinación de la viabilidad de las empresas sociales del Estado. La orientación de esta Evaluación estará dirigida no sólo a las condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, sino, a las de rentabilidad social.

Conclusión:

Comparto la importancia de la figura denominada Estado de Cosas Inconstitucional, siempre y cuando sea efectiva y no se perpetúe en el tiempo. Es decir, que llegue un momento en el que la Corte Constitucional considere que se ha superado esta situación, bien sea por la adopción de políticas públicas, la expedición de leyes que verdaderamente cumplan el propósito de lograr el acceso a la salud de las personas que residen en el país y, en especial, del Departamento del Chocó, o actuaciones precisas y contundentes que permitan levantar este estado de cosas.

Sin embargo, en este caso, creo que el Departamento está muy lejos de superar el grave problema de salud que padece. Por lo cual, considero que debe continuar la Sala de Seguimiento de la Corte cumpliendo la importante labor de exigir al Gobierno la adopción de los mecanismos adecuados para que no se continúe vulnerando el derecho fundamental a la salud.

Es decir, no basta que la mayor parte de la población del Chocó esté afiliada al sistema de salud, sino que realmente pueda acceder al mismo.

Espero en estos términos haber dado respuesta completa a la Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.