La Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes, en cabeza del polémico congresista Julián Bedoya, quien fue elegido para realizar las investigaciones tendientes a esclarecer las denuncias de corrupción contra el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, anunció que abrirá una investigación formal contra el togado, para determinar su responsabilidad en el cobro de dadivas para el favorecimiento de tutelas a terceros.

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Julián Bedoya dijo que después de recaudar pruebas testimoniales de los demás integrantes de la corporación, concluyendo así la etapa preliminar del proceso, se decidió abrir la investigación formal y llamar a Pretelt a indagatoria, el próximo 26 de marzo. “Se ordenó “la vinculación del señor magistrado Jorge Ignacio Pretelt mediante diligencia indagatoria para el jueves 26 de marzo de 2015, en la Comisión de Acusación”, dijo Bedoya. Además dijo que el objetivo es “investigar los hechos y saber la verdad” por el escándalo en el que se ha salpicado al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt”.

El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó igualmente el recaudo de otros testimonios que han dado los magistrados, así como posibles documentos, que serán presentados como material probatorio.

En cuanto al presidente de la Comisión, se pudo establecer que no ostenta el título de abogado, ni de profesional en alguna carrera. Sin embargo, se determinó, que sería el quien realizaría las investigaciones contra el magistrado Pretelt, quien dijo que a pesar de las acusaciones, “No renunciará al cargo de presidente de la Corte Constitucional”.

“No voy a renunciar a la Corte Constitucional; si renuncio nos vamos todos”, notificó esta mañana el controvertido magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, quien al mismo tiempo señaló que probablemente enviará al exterior a su familia porque no va a permitir que “el fiscal les ponga un pelo encima”.

El magistrado rompió su silencio luego que fuera radicada una denuncia en su contra sobre tráfico de influencias y la Fiscalía General de la Nación pidiera a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigarlo por supuestamente estar implicado en despojo de tierras y desplazamiento forzado, en el departamento de Córdoba, hecho por el cual el organismo judicial citó a interrogatorio a su esposa Martha Ligia Patrón.

“Se me agotó la paciencia”, señaló Pretel en diálogo con los colegas de la W, y añadió que fue postulado para un periodo de 8 años y va a concluir los 8 años.

El día anterior, el abogado de Pretel había informado en su cuenta en Twitter que su cliente se “tomaría el puente” para decidir si renuncia o no a la Corte y que la decisión la oficializaría el martes 24 de marzo.

Pretelt sostuvo que el Fiscal Eduardo Montealegre “quiere que yo renuncie para tomarse la Corte Constitucional”, pero advirtió: “No voy a renunciar a la Corte Constitucional; si renuncio nos vamos todos”.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación oficializó hoy una petición a la comisión de Investigación de la Cámara de Representantes para que investigue al controvertido magistrado Jorge Pretelt por supuestamente estar implicado en desplazamiento forzado y despojo de tierras en el departamento de Córdoba, por lo cual podría ser procesado por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además, la Fiscalía citó a interrogatorio a la esposa del magistrado, Martha Ligia Patrón, en torno a los mismos hechos, los cuales corresponden al proceso penal que se inició en el 2012 contra los integrantes de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes, a finales de los 90, en una aparente alianza con los cabecillas paramilitares Salvatore Mancuso y los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, se apropiaron de por lo menos 6 mil 500 hectáreas de tierra, que pertenecían a 60 familias de campesinos de esa zona del país.

Hoy el jefe del organismo acusador, Eduardo Montealegre ordenó trasladar a Bogotá los procesos que están radicados en Montería, la capital cordobesa, para dejar en manos de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos –Dinac, la continuación de las respectivas investigaciones.

Los predios objeto de despojo y de desplazamiento forzado son dos fincas que el magistrado Pretelt y su esposa, adquirieron en los años 2002 y 2003.

Son las fincas “La Corona”, de 66 hectáreas y “Alto Bonito”, de 46 hectáreas.

En la adquisición de estos predios se habrían podido configurar los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos.