–En concepto del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el magistrado Jorge Pretelt no tiene otra alternartiva que salir definitivamente de la Corte Constitucional. “En situaciones como esta debe anteponerse la importancia de preservar la institucionalidad de la Corte y no el interés de aferrarse a un cargo”, dijo y rechazó la pretensión de Pretelt de tratar de “salvarse” amenazando con “derrumbar el edificio de la justicia” colombiana.

“Personalmente espero que Pretelt logre entender que la majestad de la Corte no puede estar en entredicho por las graves denuncias que existen sobre su conducta”, declaró Montealegre en entrevista que concedió al diario El Tiempo de Bogotá.

“Creo –agregó–que casi todos los colombianos entendemos que renunciar a un cargo no implica aceptar la responsabilidad. Sobre esto existen muchísimos ejemplos en donde hombres públicos prefieren renunciar antes de afectar la institucionalidad, o que incluso renuncian con menos altruismo, simplemente para poder ejercer su defensa”.

Sobre la renuncia colectiva planteada por Pretelt en la Corte Constitucional, el fiscal general dijo que “es muy doloroso que algunos confundan este episodio concreto, en el cual está implicado uno de sus funcionarios, con la institución que es la Corte” y que por ello no entiende “cuando se sugiere la renuncia o la revocatoria en bloque de todos los magistrados, cuando se propone modificar la tutela o incluso la autonomía de la Corte”.

En la entrevista, el fiscal Montealegre respondió a las acusaciones que le hizo el magistrado y consideró absurdo que afirmara que pretende sacarlo de la Corte porque no comparte sus ideas sobre el marco para la paz.

Montealegre señaló que si dispuso investigar al magistrado es porque tiene indicios serios de que ha existido la comisión de un delito.

Consideró sin fundamento la afirmación de que le sacó unas grabaciones sobre una conversación que sostuvo con un fiscal en el 2008 y agregó:

“Al respecto le señalo que el martes, en la noche, me enteré de la existencia de las grabaciones y dispuse que varios investigadores buscaran esa información. Estamos en esa tarea y es muy probable que también se ordene una investigación interna para determinar en dónde están esas pruebas, qué pasó con las grabaciones y por qué no se actuó si esta información se conocía desde el 2008”.

Montealegre negó que haya estado “comprando” magistrados de la Corte nombrando familiares de ellos en la Fiscalía.

“Es un disparate pretender que por el hecho de que familiares de magistrados de la Corte trabajen en la Fiscalía, el Fiscal realiza una injerencia indebida en sus decisiones. Esto sencillamente se llama así: Los pájaros tirándoles a las escopetas”.

Sobre el nombramiento de la directora de Fiscalías en Córdoba, Montealegre precisó: “Confiado en el conocimiento de la región que tiene Pretelt, le solicité referencias sobre la trayectoria profesional de funcionarios de la fiscalía en Córdoba, lo que no tiene nada de indebido”.

Se le preguntó si la magistrada Gloria Ortiz era su cuota en la Corte y respondió:

“Eso es una falta de respeto y desconoce la trayectoria de una abogada con amplia experiencia, que fue magistrada auxiliar y ha dedicado su vida a la administración de justicia. Decir que yo la impuse es faltar a la verdad y busca desconocer la autonomía e independencia de una importante integrante de la Corte”.

Recordó de otro lado que se declaró impedido para conocer de la investigación sobre el caso del soborno de 500 millone de pesos de Fidupetrol.

Sin embargo, aclaró: “No fui nunca apoderado de esa firma, como corroboré en mis archivos. Esto me impone el deber de no entrar en consideraciones al respecto, por lo menos hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de fondo”.

Agregó que “este impedimento tampoco me limita para solicitar que se avancen en otras investigaciones distintas a la del caso Fidupetrol, en donde estén involucrados particulares”.

También habló sobre las lecciones que deja este escandalo:

“Son varias. Por ejemplo, probablemente nos conduzca a aumentar los niveles de veeduría y fiscalización ciudadana en relación con los procesos de nominación y elección de los jueces más importantes de la República. Esto debe contribuir a asegurar que quienes lleguen a las altas cortes sean personas de las más altas calidades y de intachable honorabilidad. La academia debe reaccionar también, porque sus investigaciones sobre las decisiones de las altas cortes, deben ser un mecanismo de control”.

Finalmente se le preguntó si creía que la Comisión de Acusación dará resultados en este caso.

“A pesar de la incontrovertible evidencia histórica de las falencias estructurales de la Comisión–respondió–, no pierdo la fe en que cumplan con la labor que la Constitución Política le demanda y los colombianos esperan. Con esto quiero decir, aclaro, que más allá de cualquier decisión, lo importante es que se dé una investigación juiciosa y responsable que esté a la altura de la gravedad de los señalamientos”.