–Las Farc hicieron pública una nueva catarata de exigencias formulada en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana, en la que priorizan “amplias leyes de indulto y amnistía”, la derogatoria de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la anulación o revisión de las condenas “injustas” impuestas a sus militantes, a tiempo que reiteran su rechazo al llamado “Marco Jurídico para la Paz”.

Según los cabecillas de las Farc que participan en las conversaciones en la capital cubana, “mientras se tramitan las respectivas medidas de amnistías e indultos, se procederá a la suspensión de las condenas”.

Las medidas de amnistía e indulto deben cobijar a “rebeldes, colaboradores de la rebelión y dirigentes políticos y sociales encarcelados, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra de 1949”, precisan en un mensaje que enviaron “al segundo encuentro nacional de la coalición larga vida a las mariposas”.

En el extenso escrito establecen que “las actuaciones vinculadas a la rebelión son los denominados delitos conexos, y deben ser incorporadas en su complejidad al delito político, siendo tan amplia su consideración y alcance, como debe serlo en consecuencia la amnistía general y las medidas de indulto que se deben otorgar en el proceso de paz que Colombia viene adelantando desde hace 3 décadas, con intermitencias que lo han agudizado”.

Expresan que las Farc “rechazan el denominado Marco Jurídico para la Paz creado de manera unilateral por el gobierno mediante el Acto Legislativo 01/2012, que ha derivado en una inmensa enredadera o maleza jurídica, que reduce el fin del conflicto armado interno a una mera cuestión judicial” y agregan:

“Condicionar el éxito del proceso de paz a un prefabricado encarcelamiento de la dirigencia guerrillera, que desconoce el derecho a la rebelión, además de conculcar el principio de presunción de inocencia, es un supuesto no conocido ni sentado con anterioridad en ningún proceso de paz de los habidos en el mundo, mientras pervive la impunidad de la oligarquía, la clase política del bloque de poder dominante como supremos determinadores y responsables de los crímenes cometidos durante más de 50 años en Colombia, para su mayor enriquecimiento”.

Otros puntos del documento son los siguientes:

– Anulación o revisión de las condenas injustas que han resultado de procesos judiciales o disciplinarios llevados a cabo sin respetar el debido proceso, en especial aquellas emitidas en contra de defensores de derechos humanos, activistas sociales y políticos…

– Derogación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana

– Indulto de las condenas y sanciones impuestas por colaboración con las Farc o con otras organizaciones guerrilleras.

– Los Diálogos de Paz de La Habana deben generar nuevo Derecho, atendiendo a las especificidades del conflicto armado colombiano en aras de su finalización.

– Depurar, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales y disciplinarias, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, los cuerpos auxiliares de la Justicia y de Policía Judicial, de aquellos servidores públicos involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o en grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares.

De otro lado, detallan que sobre prisioneros políticos y población reclusa, han presentado a la Mesa de Conversaciones de La Habana múltiples iniciativas, referidas a lo siguiente:

a) La definición amplia del delito político y la lógica conexidad de delitos comunes.

b) La posibilidad de aplicación de amnistías generales e indultos no condicionados, apuntando a lograr los siguientes alcances:

– Para los casos de condenas o procesos abiertos por rebelión o delitos conexos, debe procederse al indulto incondicional o preclusión definitiva.

– Para los casos de miembros de las Farc y del Eln en los que existen evidencias de procesos y condenas por delitos comunes que no se han reconocido en conexidad o subsumibles en la rebelión, se deberán anular las condenas por delitos comunes o precluir definitivamente procesos abiertos o subsistentes.

– El Gobierno procederá a indultar incondicionalmente a las personas que por concepto de las protestas sociales o su activismo político han sido condenadas por rebelión u otros delitos. Se procederá a cesar toda acción penal contra quienes estén siendo procesados por estos mismos asuntos. En estos casos debe haber preclusión definitiva.

– Mientras se tramitan las respectivas medidas de amnistías e indultos correspondientes, se procederá a la suspensión de condenas.

También demandan el respeto a los derechos humanos de la población reclusa:

– El Gobierno nacional tomará medidas de urgencia que hagan efectivo el respeto pleno a los derechos humanos de los reclusos, comenzando con ponerle fin al inhumano hacinamiento, emprendiendo el mejoramiento de las condiciones de reclusión, mejoras en la alimentación, el suministro permanente de agua de calidad, los servicios higiénicos y sanitarios y todo lo que respecta a la atención integral de la salud, no sólo para presos y prisioneros políticos, sino también para presos comunes o por delitos de pobreza.

– El Gobierno garantizará el acceso a publicaciones y medios alternativos de comunicación, incluidas conexiones a Internet, así como traslados administrativos para garantizar y facilitar las visitas familiares de los prisioneros. Deberá garantizarse la reagrupación de los presos políticos en secciones y patios separados de presos condenados o procesados por pertenencia a grupos paramilitares o al crimen organizado.”

– Los agentes del INPEC denunciados o investigados por violaciones de derechos humanos de los presos o de sus familiares deberán ser apartados del servicio hasta que concluya la investigación y deberán ser retirados de la institución en caso de ser condenados.