La Fiscalía General de la Nación informó que con fines de extinción de dominio, ocupó 23 bienes de Jhon Uber Hernández Santa, conocido como el “Zar del oro” y varios de sus socios de la firma la comercializadora Goldex, red que se dedicaba al lavado de divisas a través de exportación de oro. Entre los bienes destacan apartamentos, locales, bodegas y sociedades donde tenía participación accionaria la empresa de oro, avaluados en 6 mil millones de pesos, ubicado en Rionegro y Medellín.

“La operación fue realizada teniendo en cuenta que al parecer estos bienes habrían sido utilizados para la comisión de delitos y se encuentran relacionados con las investigaciones que la Fiscalía adelanta en contra de Hernández Santa y Gloria Patricia Álvarez Mejía, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares”, explicó Luz Ángela Bahamón, directora de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

En contra de Hernández y su esposa Gloria Patricia Álvarez, fue dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario por un supuesto lavado de activos por 2.3 billones de pesos.

En la misma acción se solicitó la aplicación de medidas cautelares con el fin de impedir que sean objeto de algún tipo de actividad comercial o de transacciones a título gratuito, tales como suspensión del poder adquisitivo, embargo y secuestro y toma de posesión.

Cabe recordar que Goldex fue intervenida, ya que según las investigaciones por medio de exportaciones de oro logró realizar un presunto lavado de divisas de $2,3 billones.

A comienzos de este año, la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, dedicada al lavado de divisas bajo la modalidad de exportación de oro. Al parecer, la entidad habría lavado una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, quien contó con el apoyo de la Policía Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.

Para tal fin, alrededor de Goldex se configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.

Según la investigación de la Fiscalía, existen pruebas de que con ese dinero habrían sido financiados grupos al margen de la ley que delinquen en las regiones del país donde se realizan los negocios de minería ilegal.