–El plan esbozado por el presidente Juan Manuel Santos para atacar a fondo la politiquería y la corrupción en las Altas Cortes y en general, en el aparato judicial colombiano, contempla siete medidas concretas, cuatro proyectos de ley, incluidos uno de ellos de reforma Constitucional y otro, para instaurar en Colombia el “examen de Estado” para los abogados, de manera que, en lo sucesivo, solamente puedan ejercer esta profesión quienes acrediten la formación, el conocimiento y la idoneidad suficientes.

Según lo expuesto por Santos en su intervención radiotelevisada de la víspera, “los cambios van más allá de la reforma constitucional que estamos proponiendo”, pues subrayó que hay otras medidas que adoptarán por ley o por decreto.

Entre las principales medidas que planteó el jefe del Estado se destacan las siguientes:

-Eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en su defecto, la creación del Tribunal de Aforados

-Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, para sustituirlo por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la Rama.

-Creación de una Dirección de la Magistratura que se encargará de administrar la carrera judicial y los concursos de mérito de donde saldrán los nombres de magistrados y jueces”.

-Aumento a 20 años del requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado.

-Meritocracia para seleccionar a los magistrados, y por parte de las mismas Cortes, sin consideraciones políticas ni partidistas.

-Prohibición a magistrados que hayan sido elegidos para una magistratura, para elegir a aquellos que intervinieron en su designación.

-Apartar o marginar a los jueces de la elección del Contralor General o de los contralores departamentales y buscar que tampoco lo hagan en la designación del Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil.

-Implantar el examen de Estado para los abogados.

El mismo mandatario sintetizó así, las claves de sus determinaciones para supera la grave crisis que se produjo alrededor del escándalo de corrupción protagonizado por el entonces presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt:

1- Vamos a cortar el vínculo entre política y justicia que ha sido la fuente de sus males;

2- Vamos a garantizar que todos los altos funcionarios del Estado sean investigados y acusados debidamente cuando comentan una falta;

3- Vamos a corregir y hacer más eficiente la administración de justicia;

4- Vamos a cerrar la “puerta giratoria”, y

5- Vamos a tomar medidas para mejorar el capital humano, es decir, que solo lleguen los mejores a las magistraturas.

También buscaremos mejorar el procedimiento de las tutelas para que cumplan su finalidad de proteger a los más débiles.

Y trabajaremos para que todos –absolutamente todos– sobre quienes recaiga una sospecha o una denuncia sean debidamente investigados, hasta las últimas consecuencias.

Santos señaló que “con todo este marco de reformas –que se une a los códigos expedidos, a las otras reformas ya realizadas y a los cuantiosos recursos destinados–, vamos a ofrecerles a los ciudadanos una justicia más pronta, cumplida y oportuna” y añadió: “Así es como podemos encontrar una salida institucional a las fallas de nuestras instituciones judiciales”.

Por el momento citó al menos cuatro proyectos de ley, que serán presentados al Congreso con el mismo objetivo.

Uno de ellos, de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, que permita que los reglamentos de las corporaciones judiciales suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados cuando se encuentren en una situación patente de indignidad.

Consideró necesario que la Corte Constitucional avance en la modificación de sus reglamentos para garantizar que la revisión de tutelas se oriente principalmente al amparo de los derechos fundamentales de los sectores sociales más necesitados.

“Queremos preservar la tutela, que ha sido un avance inmenso en la protección de los derechos de los colombianos. Tenemos claro que la tutela es para defender, sobre todo, a los más débiles y vulnerables”, precisó Santos y agregó:

“Algunos han identificado que parte de los escándalos tienen que ver con la tutela contra sentencias, que genera inseguridad jurídica y el llamado “choque de trenes”, y que expone a la Corte Constitucional a presiones indebidas. Por eso estamos promoviendo medidas para racionalizar la tutela contra sentencias, evitando que se afecte la gran confianza que hoy tienen los colombianos en este mecanismo”.

Otro proyecto de ley, busca prohibir el cabildeo judicial, incluyendo “severas consecuencias por su incumplimieneto: “No queremos más abogados visitando las Cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados”, advirtió el presidente.

Igualmente, dijo, es muy importante que las sentencias de la Corte Constitucional se publiquen a más tardar dentro de los tres días siguientes a la decisión respectiva, pues las demoras en su expedición crean espacios para la intriga.

Por ello, –continuó diciendo –instamos a la Corte para que modifique sus reglamentos en este sentido, además de que se tomen las medidas necesarias para que las sentencias –en esta o cualquier otra Corte– no se filtren antes de su publicación oficial.

Además, el presidente Santos envió un mensaje a los abogados sobre la moral en el ejercicio del Derecho, pues, señaló, en su correcta aplicación se basa la operatividad y la pulcritud de nuestras instituciones, por lo que invitó a fortalecer las colegiaturas, y a mejorar no solo la autorregulación de esta profesión sino el control ético de sus actuaciones.

“Porque–advirtió–la ética –que a nadie le quepa duda– sí tiene mucho que ver con el Derecho, con el buen gobierno y con todo el funcionamiento del Estado”.

En este sentido, concluyó, he dado instrucciones al Ministro de Justicia para que presente de inmediato el proyecto de ley que instaura el examen de Estado para los abogados, de manera que, en lo sucesivo, solamente podrán ejercer esta profesión quienes acrediten la formación, el conocimiento y la idoneidad suficientes.