A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo informó que solicitó a las Fuerzas Militares información sobre las denuncias de los familiares de cuatro soldados profesionales en Caquetá que advierten abusos y malos tratos por parte de sus superiores. Una comisión de la Entidad se desplazó hasta el lugar donde están los militares para corroborar las denuncias y verificar su estado de salud.

De acuerdo con Defensoría del Pueblo, funcionarios verificaran en la Base Militar de Larandia las denuncias presentadas por familiares de soldados profesionales de la Brigada Móvil 22, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en la que dan a conocer situaciones de maltrato y abuso por parte de sus superiores.

“Los familiares de los uniformados le manifestaron a la Defensoría que un oficial los torturó física y psicológicamente durante varios días en zona selvática de Remolinos del Caguán, en el departamento del Caquetá.”, informó en uno de los apartes del comunicado.

Según denunciaron los familiares de los soldados, el supuesto oficial les recortó el presupuesto de víveres y les aseguró que los hará expulsar del Ejército.

Los soldados que habrían sido maltratados son Jeisson Fernando Espinosa Vargas, Andrés Felipe Jaimes Gómez (quien decidió coserse la boca en señal de protesta), Cristian Fabián Rodríguez Becerra y Diego Fernando Rojas López.

La Defensoría del Pueblo ofició al Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, para que le entregue información detallada de lo que pudo haber sucedido con los uniformados, como también ofició a la Procuraduría General de la Nación, para que investigue los hechos y determine cuanto antes si hubo irregularidades en el trato a los soldados.

Los cuatro militares, que fueron trasladados anoche hasta la Base de Larandia, a las afueras de Florencia, ya están siendo atendidos por personal médico del Ejército. Sin embargo, una comisión de la Defensoría regional Caquetá se desplazó hasta esa base para corroborar el estado de salud de los militares y escuchar a los soldados.

Fuente: Defensoría del Pueblo