La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible están ejerciendo un bajo seguimiento y un débil control sobre las licencias y permisos ambientales aprobados en varias regiones del país, detectó la Contraloría General de la República.

Así lo indican las evaluaciones de auditoría adelantadas por el organismo de control a estas entidades, que tienen a su cargo la evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades económicas que usan y/o afectan los recursos naturales.

Una deficiencia común detectada en las distintas auditorías que adelanta la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, es que la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible no realizan seguimiento oportuno a las obligaciones establecidas en los actos administrativos por los cuales se han otorgados licencias y permisos ambientales. Lo mismo sucede con los compromisos instaurados en los Planes de Manejo Ambiental.

Tal situación incide para que el seguimiento respecto del total de licencias y permisos otorgados sea bajo. Además, esta falta de verificación hace que, en algunos casos, se generen afectaciones relevantes en el medio ambiente y los recursos naturales.

Un caso específico es el de la ANLA, donde la Contraloría pudo establecer que de 904 licencias ambientales otorgadas entre 2011 y 2014 (excluyendo las del subsector de químicos) se realiza seguimiento a 131 licencias al año en promedio.

Demoras en procesos sancionatorios y conceptos técnicos

Otra deficiencia detectada en las auditorías realizadas por la CGR en el año 2014 (sobre la vigencia 2013) a varias Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible, así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la falta de celeridad en los procesos ambientales sancionatorios.

En determinados casos, tales procesos sancionatorios no logran garantizar efectivamente la protección de los recursos naturales y del ambiente, por cuanto se generan vencimientos de términos, no hay certeza sobre los infractores y se producen fallos con imposición de sanciones que no logran superar los daños causados o que resultan imposibles de ejecutar.

En la auditoría a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se evidenció que los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) no son presentados oportunamente por las empresas y esta entidad estatal no ejerce un adecuado seguimiento sobre el tema.

Dichos informes solo se analizan y evalúan al momento de realizar seguimiento y control a cada proyecto, desconociendo lo establecido en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. Esta situación genera que los posibles incumplimientos reportados en los ICA no se detecten a tiempo. Así mismo, el Sistema de Información de Licencias Ambientales –SILA adolece de mecanismos de alerta y control para esta actividad misional.

Adicionalmente, los débiles mecanismos de control interno, no permiten un adecuado seguimiento que garantice la efectividad de las áreas misionales, generando, como se evidencia en este caso, fallas por parte de los funcionarios responsables de la planeación y seguimiento de los proyectos licenciados, lo que impide detectar a tiempo los eventuales daños causados por el desarrollo de los proyectos.

En conclusión, la Contraloría considera que la ANLA presenta serias deficiencias en la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de su competencia, lo que impide que estas actividades se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país.