La Corte Constitucional, a través de un comunicado, solicitó a la Unidad de Víctimas y al Ministerio de Educación un informe para que responda varias preguntas respecto a la política de educación para la población desplazada.

Entre los cuestionamientos realizados por el alto tribunal está sobre la cantidad de menores de edad afectados por el desplazamiento forzado que se encuentran actualmente, en el sistema educativo.

Según cifras del Gobierno Nacional del 2013, son 1.068.644 estudiantes víctimas que están siendo atendidos en el sistema educativo oficial. Pero, de conformidad con lo manifestado por la Unidad de Víctimas y la Red Nacional de Información, aparecen registradas más de 2.154.405 víctimas cuya edad oscila entre los 0 y 17 años.

Por tal motivo la Corte se pregunta: ¿cuál es el número de menores víctimas del desplazamiento forzado que se encuentran por fuera del sistema educativo? Y ¿cuantos recursos han sido transferidos a las respectivas secretarías de Educación entre 2012 y 2014 para “garantizar la entrega de útiles escolares, transporte y uniformes a la población desplazada?”.

El alto tribunal se refirió a un informe del Ministerio de Educación de 2012 en el que se señalaba que el 87.1% de los menores víctimas de desplazamiento forzado asistían regularmente a estudiar. Cifra que para febrero de 2015 era de 87.8%.

“¿Qué acciones se están adelantando en las instituciones educativas para garantizar que la población desplazada no sea víctima en el contexto escolar de nuevos actos de rechazo y estigmatización?”
Por otro lado, el alto tribunal se cuestiona por qué razón a pesar de la creación de distintos programas, el aumento de la capacidad humana, y la materialización de importantes inversiones, en la práctica la encuesta de medición de indicadores sólo evidenció un levísimo aumento en el índice de goce efectivo de derechos.

Por último, la Corte se preguntó si a la fecha ya se presentaron los lineamientos educativos para ajustar la política de educación a la Ley de Víctimas, lo que, al parecer, no ha ocurrido.

“Es indispensable que las entidades involucradas en la materia sistematicen la información estatal y en ejercicio de los principios de lealtad procesal alleguen a esta sala de la forma más clara y concreta, todas y cada una de las variables, datos y estadísticas anteriormente solicitadas, es decir, tanto las que benefician al gobierno como aquellas que le son negativas”, concluye el documento conocido por el diario El Espectador.