El contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, aseguró que ninguna entidad del Estado puede pagar salario a un trabajador que esté en paro, instando a las entidades encargadas de desembolsar los salarios de los maestros a no efectuar el pago a quienes estén en cese de actividades.
“El salario corresponde a la remuneración de un servicio prestado, mientras no se preste el servicio los órganos del nivel nacional, municipal, departamental y descentralizado no pueden sufragar gastos ni pagar remuneración o salario a servidores públicos que no presten el servicio”, indicó Maya.
Aseguró también que no calificará la legalidad o ilegalidad del paro pero sí hará control en el pago de salarios de las entidades del Estado a funcionarios que no presten su servicio. Y dijo que la directiva anunciada por el organismo de control es inmodificable y que debe aplicarse a todos los trabajadores de sector público que no presenten en servicio.
Maya Villazón aclaro que la Contraloría no puede calificar la legalidad o ilegalidad del paro sino aplicar el principio de que la remuneración corresponde a un servicio prestado.
“Lo ideal es que los maestros presten el servicio de educación e inicien el proceso de diálogo con el Gobierno para solucionar las aspiraciones que ellos tienen, la calificación le corresponde al gobierno nacional no a la Contraloría pero hacemos un llamado y es un condición a que no se pague a quienes no presten el servicio”, reiteró.
Sobre su propuesta de crear una Corte de Cuentas, dijo que es un imperativo que tiene la Contraloría de deshacerse de la función de juzgamiento de los eventuales hallazgos fiscales que se profiera a la administración pública, de tal manera que se dedique a investigar y haya un órgano que haga el juzgamiento del juicio de responsabilidad fiscal, para efectos de que quien investigue no juzgue.
“Eso está superado en todo el mundo. Es un sistema totalmente atrasado, totalmente inoperante e inequitativo. No es imparcial, porque quien investiga no debe juzgar. Debe crearse entonces una Corte de Cuentas a efecto de que haga el juicio de responsabilidad fiscal y no sea el que investigue el que juzgue al tiempo”, insistió.
El Contralor anunció que hará una propuesta de carácter constitucional porque eso implica una reforma total al modelo constitucional. “Vamos a plantearle al Congreso esa propuesta a través de una concertación con el Gobierno Nacional, porque eso implica gasto del erario público”, precisó.
El Contralor expuso estas propuestas al intervenir hoy en el acto de lanzamiento de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, con una ponencia sobre las “Finalidades y razón de ser de la Contraloría en la Ética de la Función Pública”.