Los procesos de reparación integral que deben derivarse de la ley de víctimas y restitución de tierras están enfrentados a graves obstáculos, como la persistencia del conflicto armado interno, la debilidad de algunas instituciones del Estado comprometidas con estos propósitos y la precaria capacidad de respuesta del aparato de justicia para cumplir eficazmente con sus compromisos y tareas.

Así lo señaló hoy el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al intervenir en el seminario internacional «Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos Humanos», en el Centro de Convenciones de Cartagena.

Consideró que la estrategia de redireccionar hacia las víctimas una parte de la oferta social con la cual el gobierno pretende enfrentar la pobreza en general, no sólo desconoce las directrices impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Corte Constitucional y demás instancias judiciales, sino que tiende a inviabilizar las necesidades particulares de esta población que, según una Encuesta realizada por la CGR afronta una gravísima situación socioeconómica.

Sostuvo que entre las medidas que resultan necesarias para avanzar en los procesos de reparación integral de víctimas está rediseñar las políticas de generación de ingresos, de otorgamiento de vivienda digna y de fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los que optan por retornar.

Indicó que «Si bien solamente para las dos primeras políticas, generación de ingresos y vivienda, el actual gobierno ha destinado cerca de un billón de pesos anuales para cumplir ese propósito, esos recursos son aún insuficientes para el logro de la satisfacción del derecho ineludible de las víctimas a la reparación integral, lo que podría conllevar cuestionamientos y responsabilidad internacional del Estado colombiano en las instancias internacionales de protección a los derechos humanos».

Los preocupantes resultados de la Encuesta Nacional de Víctimas

El Contralor dedicó buena parte de su exposición a dar a conocer los principales resultados de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la República.

Esta Encuesta arrojó preocupantes resultados en relación con la situación actual de la población víctima, que evidencian la necesidad de un replanteamiento de fondo en materia fiscal si se quiere que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sea el vehículo que garantice la reparación integral.

Los resultados de la Encuesta muestran, por ejemplo, la necesidad de actualizar el plan financiero que acompaña esta ley. Las metas inicialmente establecidas para el financiamiento de la ley están rebasadas y necesariamente afectan las previstas para asistencia humanitaria y reparación integral, anotó el Contralor.

Manifestó que es altamente preocupante la definición del universo de las víctimas, pues mientras las cifras utilizadas para el diseño inicial de los programas reportaban 3,8 millones de personas víctimas, todas titulares del derecho a la reparación integral, la encuesta encontró que son al menos 5,6 millones. Hoy el propio gobierno reporta en su sistema 6 millones de población desplazada y un millón de personas afectadas por otros hechos victimizantes.

Así mismo, la Encuesta muestra que el retorno es una de las políticas públicas diseñadas y vigentes que tendría que ser reorientada y fortalecida, dada la respuesta que a esas propuestas dieron las víctimas en el sentido de no querer retornar.

La medición de la Encuesta de Verificación arrojó que en el 2010 sólo un 10,4% tenía esa disposición, ahora esa medida es solo del 6,8%, dato que sólo se incrementa al 15% cuando se consulta a los que poseían algún predio.

Igualmente, los resultados de la Encuesta muestran las brechas socioeconómicas que afectan a la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia, lo que le permite a la Contraloría llamar la atención sobre los retos y los desafíos que tiene esta política pública dadas las nuevas restricciones macroeconómicas y fiscales que enfrenta el país, anotó enseguida.

«Esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011, y subraya la importancia de la eficiente utilización de los recursos asignados», resaltó.

Crítica situación de la población víctima

Para Maya Villazón, la encuesta de la Contraloría invita a reflexionar sobre la perspectiva y las características de las políticas públicas derivadas de la Ley 1448 de 2011.

La descripción de la gravísima situación socioeconómica en la cual se encuentran la mayoría de las víctimas del delito de desplazamiento forzado en Colombia, medida en términos de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, déficits educativos y habitacionales, barreras de acceso a los servicios de salud, entre otros, da cuenta de un proceso de empobrecimiento masivo y sistemático.

Es necesario enfrentar activamente tal situación, con el objeto de no hacer contradictorios los propósitos de esa norma, con los compromisos de reparación integral que se le imponen al Estado con esas víctimas, condición indeclinable para garantizar la no repetición y la consolidación del tan añorado proceso de paz dijo.

Vigilancia, seguimiento y monitoreo de la Contraloría

«De la correcta implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y del adecuado manejo de los recursos físicos, humanos y financieros dispuestos para tal fin, depende no solamente el logro de la reparación integral, sino también la posibilidad real y concreta de construir unas relaciones sociales más democráticas en Colombia», sostuvo el Contralor Maya Villazón.

Aseguró que la Contraloría está comprometida con el cumplimiento de su objeto misional de ejercer el control fiscal y dada la coyuntura histórica, con la vigilancia, seguimiento y monitoreo al uso de los recursos públicos asignados para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,

«Nuestra tarea sin embargo no se agotará en verificar el correcto uso de los recursos públicos destinados a ese propósito, sino que se concentrará en garantizar que con ellos se avance de manera efectiva en el compromiso que tenemos todos de reparar integralmente a las víctimas del conflicto, pues sólo así podremos confrontarnos con ellas para presentarles una alternativa que de vía a reparar lo irreparable y con el tiempo, por qué no, avanzar en el difícil camino de perdonar lo imperdonable», concluyó.

Aportes de la Corte IDH

Maya Villazón se refirió a los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mencionó algunos antecedentes y retos de la implementación de programas de reparación integral, como presupuesto del modelo de justicia transicional diseñado por Colombia.

«La jurisprudencia de la Corte se ha adaptado y ha contribuido de manera significativa a la evolución y consolidación internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y a la aplicación de los estándares internacionales que rigen en la materia», destacó.

Uno de sus mayores aportes, agregó, ha sido la aceptación generalizada de que el objetivo principal de un sistema de protección de derechos humanos es la reparación integral de las víctimas del accionar u omisión ilícita del Estado y no sólo la declaración de la responsabilidad del mismo.